Una alianza para que operadores privados ofrezcan servicios de salud en instalaciones públicas
En las últimas semanas se ha dado a conocer, por la labor incansable de periodistas, las denuncias vecinales que dan cuenta del deterioro de las instalaciones y la total carencia de insumos y equipos de la Medicatura de Tocuyito.
Este centro de salud dependiente de la Gobernación de Carabobo, además de no contar con ambulancia, ni servicio de laboratorio, buena parte de sus áreas de atención se encuentran deshabilitadas entre filtraciones y el total descuido. Su personal hace un gran esfuerzo para mantener sus puertas abiertas, más por la vocación que por sus infames salarios.
Debería ser obvio para las autoridades, más allá del discurso y las apariencias, que sin la medicatura los tocuyitanos tienen que irse a Cojedes o a Valencia para buscar atención medica, la Maternidad María Ibarra solo atiende embarazos (únicamente los de bajo riesgo) y el CESADE solo atiende hasta las 2 pm porque es un modulo de atención primaria. ¿hay algún motivo para felicitar al gobierno en este aspecto?
El gobierno municipal y el ciudadano alcalde deberían denunciar a viva voz, en nombre de los vecinos, la desinversión de la gobernación en esa dependencia de Insalud. Debería disponer recursos municipales para tener una ambulancia para los pacientes que se queden sin atención médica. Pero, visto lo visto, pareciera que el alcalde no está enterado de la situación aunque esa medicatura esté ubicada a una cuadra de la Alcaldía. La gobernación no parece enterarse del asunto quizá porque Tocuyito está muy lejos de las Plazas Drácula y de la Playa Waikiki.
Como representantes de la oposición política, podríamos promover alternativas de solución a estos problemas.
Consideramos pertinente que se evalúen opciones de congestión de los servicios de salud públicos, una alianza público – privada (APP) que permita a operadores privados suministrar servicios de salud usando las hoy inútiles instalaciones públicas bajo un convenio normado, transparente y sujeto a contraloría en la que consultas y procedimientos especializados sean pagos y la consulta general y exámenes rutinarios sean gratuitos. Esa misma APP puede ser útil para afrontar las inversiones que rehabiliten las instalaciones sanitarias. Esto amerita separarse de los dogmas, ni todo público es bueno, ni todo privado es malo, en este caso hablamos de un régimen mixto de congestión de un servicio público.
Los pasos requerido para hacer una APP posible son harto conocidos, 1) crear una legislación para establecer los procedimientos para el funcionamiento de una APP bajo los criterios de transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, 2) abrir licitaciones públicas y transparentes para que los operadores privados efectúen sus ofertas, 3) efectuar el contrato público entre la autoridad competente y los operadores privados. Si los gobiernos regional y municipal fuesen serios publicarían las estadísticas sanitarias, así sería obvio que la atención suministrada en este instante es insignificante frente a las necesidades de una población estimada en más de 300.000 libertadorenses. Es momento de actuar, no de dedicarse a organizar templetes diarios en la cancha Apolo.
La ciudadanía no está esperando del Alcalde un discurso sobre el socialismo, el capitalismo, el bloqueo o las sanciones, está esperando respuestas concretas para resolver los problemas que enfrentan cotidianamente. Este y otros temas desearíamos abordarlos frente al alcalde y frente a los concejales, nosotros no comemos gente ni mordemos, pero en nosotros no encontrarán ni silencio ni complicidad.
@rockypolitica
