Vorágine destructiva de la justicia
Una vorágine arrasa con los pocos vestigios de las garantías y principios constitucionales, procesales y penales existentes en la administración de justicia. Tolvanera de efectos imbricados con la indefensión y decepción recalcada por la parodia de la selección y designación de los magistrados del TSJ, así como por casi todos los actos del Poder Judicial al día de hoy, sugiriendo un lugar común, la justicia venezolana desestima lo justo.
La validación de ese desprecio a la justicia es norma o, lo que es lo mismo, forma parte de la normalización de nuevas e inauditas acciones y omisiones jurisdiccionales, que en materia penal no cesan de sorprender a los más avezados procesalistas y de causar molestias a los inmersos en causas penales, los ejemplos sobran.
Múltiples son las lecturas de este contexto, coincidentes o no, advierten prácticas insensatas en los mal llamados, en los tiempos que corren, operadores de justicia, entre quienes insistiré en la persona del juez Félix Antonio Matos, quien además de mercantilizar el órgano jurisdiccional a su cargo -no por otra circunstancia instaló su bufete cerca del Palacio de Justicia de San Cristóbal, estado Táchira-, también demostró, en otro ámbito, ser una persona que delinque.
En ambos casos, la misma persona, investido de juez, recibió dinero de procesados y robó a comerciantes, vale decir, es un transgresor, una persona que quiebra o actúa en contra de una ley, norma o regla, algo que venía haciendo en el tribunal a su cargo, hizo en un establecimiento comercial al cometer un robo y persiste en hacer al no comparecer a la Audiencia Preliminar en la causa penal que se le sigue.
La conducta de Félix Antonio Matos, antes, durante y después del robo que cometió, lo hace creerse un gran transgresor, de esos que gozan de impunidad en el país, pero no es más que un vulgar delincuente, que gozaría de la protección de ciertos personeros judiciales por el mal rato que les haría pasar en caso de ser declarado culpable.
No es que la declaratoria de culpabilidad de este juez comporte una raya para el Poder Judicial, en absoluto, constituiría más bien un punto de inflexión para aquellos a cuyos intereses respondía y que, como él, usufructúan el cargo público que ocupan. Esa y no otra circunstancia, motivaría una declaración de culpabilidad negociada que podría obtener Matos con una sentencia ligth para dar por concluido el caso.
De ahí la insistencia ante las víctimas a dejar eso así, en otras palabras, la invitación es a echarle tierrita al robo, del todo demostrado, cometido por un juez del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Félix Antonio Matos, que enterado de su obligación de comparecer a la Audiencia Preliminar incumple con ese mandato constitucional, y lejos de ser considerado contumaz, se corre la arruga en busca de una excusa creíble, inexistente hasta el momento en el tribunal de control respectivo.
Lo conducente era que el juez de control, Gustavo José Chacón López hubiese dejado sentado en acta el motivo de la incomparecencia del imputado, no lo hizo, pese a ser la segunda vez que Matos incurre en ello y a requerírselo tanto la representación del Ministerio Público como la abogada de la víctima. Hecho que admite escasas interpretaciones.
Al ser el segundo proceso que enfrenta Matos, ya que repusieron dicha causa penal a su estado original por favorecerlo ilegalmente la colega que lo juzgó con anterioridad, se estaría recurriendo a estrategias dilatorias en el Circuito Judicial Penal del estado Táchira a fin de provocar el agotamiento de la víctima, que desista de su acción.
Según una fuente judicial, que pidió el anonimato, se estaría favoreciendo la suspensión del proceso, sólo que Matos aún no se decide a esfumarse como se lo están pidiendo, porque como es sabido, una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana trae como consecuencia que el proceso penal se suspenda.
En medio de la vorágine que devasta la justicia, para nada resulta contradictorio que un procesado como el juez Félix Antonio Matos, conocedor del derecho, pero con malas mañas, con la ayuda de su esposa, Ruth Carolina Contreras Vera, jefe de Servicios Judiciales en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), presione al Poder Judicial para acentuar la ruina de la administración de justicia venezolana.
@jolcesal
