Directores de Provea y del Centro Gumilla son demandados por Rafael Lacava
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó «por difamación agravada y continuada» a Marino Alvarado, coordinador nacional de Provea, y al padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, informó este lunes el propio Alvarado, desde la cuenta oficial de la ONG.
«El día de hoy, 16 de mayo, hemos recibido una notificación de un tribunal penal del estado Carabobo, de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gumilla, y otro contra mi persona», expresó Alvarado, a través de un video publicado en Twitter.
Según explica el Director de Provea, la notificación del Ministerio Público responde a una supuesta difamación contra Lacava, por parte de las ONG, que solicitaron a las autoridades, investigar la presunta responsabilidad que pueda tener Lacava en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Carabobo, durante el año 2021.
Según la investigación realizada por Lupa por la Vida, la Policía Estadal de Carabobo es la más «letal» en 2021.
«Supuestamente lo hemos difamado, porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo (…) lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos y debe investigarse, tanto los autores materiales como las cadenas de mando. Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de DDHH, es el riesgo que corremos como defensores, por exigir que se investiguen las cadenas de mando», recalcó Alvarado.
«Pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quiénes pudieran tener la mayor responsabilidad», agregó Alvarado, aclarando que nunca señalaron al Gobernador como responsable, sino la petición de investigar su presunta responsabilidad.
En ese sentido, Marino Alvarado pide a la Defensoría del Pueblo que colabore con el Ministerio Público para investigar estos casos que, según la investigación antes mencionada, registran 1.414 presuntas ejecuciones en 2021 y 3.034 en el año 2020.
