PM detenidos por el 11 de abril del 2002: 6 están libres, pero 3 aún siguen en prisión
Este lunes se cumplen 20 años de los sucesos del 11 de abril donde 19 personas perdieron la vida tras los tiroteos de Puente Llaguno, hechos por los que el gobierno chavista culpó a nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM).
Los PM arrestados en 2004 fueron los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas además de los agentes Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar.
Algunos de ellos recibieron hasta 30 años de cárcel. En la actualidad, seis se encuentran libres: Dos de ellos tras cumplir condena, tres por medidas humanitarias por graves problemas de salud, y el caso de Simonovis quien escapó de su arresto domiciliario.
Los tres detenidos
Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar son quienes han corrido con la peor suerte. Los tres siguen apresados luego de ser sentenciados a 30 años de cárcel no por aspectos legales sino por conveniencia, explica el Foro Penal.
«El proceso penal, sobre todo lo que atañe al 11 de abril de 2002, ha estado siempre completamente viciado. Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos ni mucho menos hacer justicia. Lo único que se ha pretendido siempre, desde el poder, es consolidar su narrativa, su versión de los hechos. Para eso necesita chivos expiatorios que le justifiquen el discurso, aunque eso implique violentar el debido proceso y el Estado de Derecho», comenta al respecto el vicepresidente de la ONG, el abogado Gonzalo Himiob.
Para Himiob, estos 3 funcionarios son un «punto de honor» para el gobierno, ya que mantenerlos presos le permite al chavismo seguir afirmando «que la violencia de esos días estuvo a cargo de los manifestantes y de los opositores».
«Son una excusa para justificar su verdad oficial», sostiene el abogado.
Himiob relata que las pruebas que libraban de culpa a los PM fueron desestimadas por la jueza Maryorie Calderón, quien igualmente desechó argumentos del comisario Marco Chávez, en su momento director de la Policía Técnica Judicial, quien presenció que los 3 funcionarios no guardaban relación con el caso.
No obstante, la jueza Calderón – dice – acataba órdenes del juez Eladio Aponte Aponte, quien a su vez obedecía directrices de Hugo Chávez, las cuales cumplió en complicidad con Luisa Ortega Díaz, a confesión del mismo Aponte Aponte. Es así como los 3 PM fueron condenados por pedido de Chávez.
Pese a que sus abogados y familiares realizan esfuerzos para que a Rovaín, Molina y Bolívar se les concedan medidas sustitutivas, los 3 siguen bajó prisión 19 años después.
El infierno de Rovaín, Bolívar y Molina no termina allí. El 21 de octubre del año pasado fueron trasladados a una prisión común, en concreto la cárcel Fénix de Lara, donde no pueden acceder a medicinas o alimentos, y mucho menos recibir visitas.
Para Himiob, este traslado es similar al de distintos presos políticos y representa una violación a las normas vigentes al consumarse sin la posibilidad de apelación.
¿Y los 6 en libertad?
El caso más famoso de los 6 PM que están fuera de la cárcel es el de Iván Simonovis, quien tras casi cuatro años y 8 meses en arresto domiciliario, escapó el 16 de mayo de 2019.
Ese mismo día, horas después, Juan Guaidó confirmó que Simonovis fue liberado «tras un indulto» que él otorgó en su condición de presidente (e) designado por la AN ese año.
Simonovis llegó a Estados Unidos en junio de 2019, donde se mantiene desde entonces tras ser comisionado de seguridad de Guaidó, cargo que ya abandonó.
En cuanto a los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas y el sargento Julio Rodríguez, los tres están libres por medidas humanitarias a causa de graves problemas de salud.
Por su parte el cabo primero de la PM, Arube Pérez Salazar, fue excarcelado el 15 de febrero de 2021 tras cumplir 17 años y 10 meses de condena; mientras que el excomisario de ese extinto cuerpo, Marco Hurtado, salió de la cárcel el 23 de enero de 2020, tras 15 años tras las rejas.
En el caso de Hurtado, ya había cumplido condena completa y la jueza Ada Armas se había negado a emitir la boleta de excarcelación, según, por «órdenes de arriba», como lo denunciaron en su momento la abogada Theresly Malavé y la esposa de Hurtado, María Castillo.
