Estas son las dudas que quedaron tras el anuncio de oficina de la CPI en Caracas: Acceso a la Justicia
Han pasado 10 días desde que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció desde Miraflores que la instancia abriría una oficina en Caracas, pero varias son las dudas que quedan sobre el tema luego de que se desmintió que dicha oficina estaba operando de forma provisional en la sede del TSJ en la avenida Baralt.
Un reporte especial de Acceso a la Justicia reconoce que esta decisión de abrir una oficina en el país «es positiva», pero también fustigó que hay muchas cosas que quedan en el aire.
Según Khan la misma se encargará de «la provisión de asistencia técnica y transferencia de conocimientos a las autoridades nacionales en Venezuela, para apoyar la investigación y el enjuiciamiento efectivo a nivel nacional de los presuntos delitos, y la provisión de capacitación y asesoramiento de expertos para fortalecer la implementación de la legislación nacional pertinente».
«Ofrecerá a policías, fiscales y jueces las herramientas para que hagan de forma adecuada su labor de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, verificados por la Fiscalía de la CPI, así como por otras instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y también se brindará asistencia a las autoridades venezolanas para identificar áreas adicionales en las que se pueden mejorar los marcos institucionales o legislativos a fin de fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales competentes para garantizar la administración de justicia efectiva».
Pero, de la intervención del fiscal no quedó claro si el equipo que enviará a Caracas recopilará información que permita a su despacho establecer eventuales responsabilidades por las detenciones arbitrarias y masivas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas contra los detenidos por protestar contra el chavismo desde el 12 de febrero de 2014.
«Se ignora si las víctimas de violaciones a los DDHH, sus familiares o las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan eventualmente podrán presentarle información a la instancia en su oficina en Caracas, si la misma lo solicitara, en cuyo caso, también se plantea la preocupación sobre su seguridad en el país».
Tampoco se aclaró si esta oficina supervisará a fiscales y jueces para verificar si estos han realizado investigaciones exhaustivas e imparciales y han dado con todos los responsables de los crímenes ocurridos en el país.
Y por último, pero no menos importante, tampoco se sabe cuándo comenzará a funcionar. «¿Será en cuestión de semanas o meses? ¿Cuántas personas trabajarán en ella? No se puede olvidar que la Fiscalía de la CPI decidió recientemente abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra que Rusia ha cometido en Ucrania durante la invasión a este país el pasado 24 de febrero, lo que implicará destinar parte de los pocos recursos con los que cuenta la instancia a un asunto que mantiene en vilo a la paz mundial».
