Alí Daniels: El fiscal CPI tiene razón en continuar la investigación pues no hay cambios en la justicia

El abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, considera que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene razone para continuar con la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que, a su juicio, no hay cambios en la justicia venezolana.

Este jueves el fiscal CPI, Karim Khan, informó que continuará con la investigación sobre el caso Venezuela, a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro solicitó formalmente el pasado sábado frenar las averiguaciones en curso.

Sobre este punto, el Fiscal indicó que el gobierno “no adjuntó soporte material” a la solicitud de inhibición, sino que remitió a la información en el cierre del examen preliminar, información estadística y reformas legales y regulatorias.

Al respecto, el abogado Alí Daniels explica que dado que el Gobierno no ha proveído a la Fiscalía de material adicional en soporte a su solicitud, “no hay razones que justifiquen reconsiderar su posición previa de continuar la fase de investigación”. Es por esa razón que la Fiscalía CPI pide a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación.

Daniels precisa que el comunicado del Gobierno señala que de los 124 casos de los que se le pidió información, 116 están en fase preparatoria, 5 en juicio y solo tres tienen sentencia condenatoria. “No se dice si estas últimas son firmes o no”, comenta.

“Es decir, que de los 124 casos, el 93,5 % están en fase preparatoria y apenas el 2,4 % tienen condena, pero no se sabe si son definitivas o están sujetas a apelación o a casación. Recordemos que se trata de casos con cinco o más años de existencia, por lo que no se justifica tanto retraso”, sostiene el abogado.

En este contexto, Alí Daniels destaca un punto que, para él, es importante y es en referencia a casos de 2014, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía Internacional amplíe el marco temporal que inicialmente era a partir de los hechos de 2017.

Otro punto que resalta el abogado son las cifras que ofrece el Estado venezolano con respecto a los casos aludidos, apenas hay 30 funcionarios imputados, 27 acusados y solo 14 están detenidos. Esto según datos del oficialismo.

“En un típico alegato gubernamental que pretende pasar casos individuales como muestra de una política pública, se cita el caso de la violación y ‘trato cruel’ de un joven en Maracaibo en el 2017, en el cual 8 funcionarios fueron condenados a penas de 24 años”.

“Sin embargo, no dice el gobierno que la víctima señaló a 11 funcionarios y no solo 8, y que la representación de esta pidió que se imputara por el delito de tortura, tampoco que la víctima tuvo que interponer un amparo para acceder al expediente entre otros vicios del juicio”, afirmó.

Daniels también hace un comentario sobre la reforma al Código de Justicia Militar que menciona el Ejecutivo, donde se prohíbe enjuiciamiento de civiles en tribunales militares.

“Lo que no dice es una sentencia de la Sala Constitucional del 9/12/21 (Sent N° 735), es decir, 3 meses después de esa reforma, confirmó que si un juez militar quiere juzgar a un civil, sólo debe motivar su decisión, obviando de este modo la prohibición del Código”.

Cuestionó también la titularidad que se le otorgó a 42 fiscales sin aclarar qué hacer con funcionarios ya designados de forma discrecional, acto que Daniels considera discriminatorio, pues los concursos deberían ser abierto a todos los que cumplan los requisitos. “Tampoco hace alusión a que se hagan concursos para jueces, lo que no ocurre desde el 2003”, detalló.

El abogado hace mención a las denuncias de ONG a las que se les ha negado representar víctimas por no tener el registro de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y a la elección de Magistrados del TSJ, cuyo proceso ha estado viciado por razones de inconstitucionalidad e incluso cuestionado por miembros del propio oficialismo.

En definitiva, estas son las razones por las que la Fiscalía tiene razón en pedir la continuación de la investigación, según la perspectiva del abogado.