La Fiscalía no ha imputado a nadie por el delito de invasión en el mun. Libertador: Frente Norte
Líderes vecinales de Caracas acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo para protestar por la inacción de ese órgano ante la oleada de invasiones que azota a varias zonas del Libertador.
Desde 2021, han contabilizado más de 100 de intentos de tomas ilegales, por lo que denunciaron la «complicidad» del defensor Alfredo Ruíz, a quien acusan proteger a los invasores.
Los caraqueños le pidieron al defensor a Ruíz investigar al Ministerio Público ya que no ha imputado a nadie por las incontables invasiones.
Al respecto, el coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, criticó la «nula protección» a los propietarios de viviendas invadidas y que por el contrario, se ampara a los usurpadores.
«Recordemos que la propiedad privada es un derecho humano y la defensoría debe velar para que sea respetado, recordando como en la ejecución de las ocupaciones ilegales participan desde colectivos armados identificados con el PSUV hasta incluso por ejemplo los diputados de la Asamblea Nacional chavista Rigel Sergent y Carmen Zerpa», manifestó.
Rojas le exigió a Ruíz dejar la complicidad e investigar al MP ya que hasta ahora no han imputado a nadie por este tipo de delito.
«Existe una total impunidad recordando que este delito tiene penas de hasta 10 años de cárcel, pero la negligencia de la fiscalía le ha dado libertad a estos delincuentes para invadir propiedades sin pudor alguno. Si queda algo de equilibrio de poderes el defensor debe conformar una comisión la cual interceda ante el mismísimo Tarek William Saab y haga cumplir la constitución», esgrimió.
Reiteró que la propiedad privada es un derecho humano pero en Venezuela «su violación es un pan de cada día».
«El nivel de descaro es tal que buena parte de las invasiones rodean varios ministerios e instituciones gubernamentales, formando una especie de cinturón de seguridad para defender la dictadura de Maduro», reprochó.
Desespero en los propietarios
Orlando Zamora, propietario de un local en el edificio Karam, ubicado entre las Esquinas de Pelota e Ibarra, dijo que este «debería ser declarado monumento nacional, y por el contrario está abandonado y lleno de invasores que pretenden apropiarse de oficinas de personas que están fuera del país o han fallecido, para hacer cualquier tipo de negociación fraudulenta».
«En enero y en diciembre sufrimos varios intentos de invasiones donde forzaron varias cerraduras. Desde hace año y medio el Ince tiene varias personas viviendo en unas oficinas que no tienen baño, en el piso 4, las cuales no han sido atendidas por dicha institución, y ahora hay un nuevo grupo que ha tratado de tomar otros pisos debido a la falta de presencia de las autoridades», relató.
Por su parte, Carmen Betancourt, quien perdió su local en el edificio Bapgel narró cómo los mismos colectivos que la invadieron en 2019 declararon que estaban apoyados por la exalcaldesa Erika Farías.
«Por más que nosotros hablamos, denunciamos y dialogamos nos sacaron para afuera. Yo trabajaba allí dando clases de costura, esto me ha afectado muchísimo porque yo soy una persona viuda, y no tengo ningún recurso y lo que recibo de la pensión es 1 dólar y tanto, eso no alcanza para nada», lamentó.
Rupercia López, quien construyó su casa en Antímano, sector Punta Brava, alquiló un espacio a una inquilina y desde hace 3 años ésta se niega a pagarle.
«No paga, me insulta y en una oportunidad trajo a tres sujetos para agredirme. Yo construí mi casa con mi sudor, con mi esfuerzo; a mi Maduro no me dio ni un bloque, yo dejé de comer bien: la arepa sola, el arroz solo para tener lo mío, ¿para que venga otra persona a apoderarse de eso?», comentó.
Con información de nota de prensa