Cárteles controlan la selva venezolana a su antojo, la droga y la violencia son su principal sustento: El País
Un trabajo publicado conjuntamente entre Armando.Info y El País recabó datos sobre los cárteles que operan en la selva venezolana -Amazonas y Bolívar- entre 2018 y 2021, y el resultado es contundente: más de 3 mil sitios de minería y decenas de pistas clandestinas sirven a quienes imponen su ley ante la mirada complaciente del Estado, controlando a su antojo la droga y la violencia.
Así lo reveló un amplío reportaje publicado este jueves «Los cárteles criminales que mandan en la selva venezolana». El chavismo ha adoptado medidas sobre la región selvática de Venezuela, ya sea con el pretexto de proteger un hábitat natural clave o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos. En 2009, Hugo Chávez militarizó esta zona y expulsó a cientos de mineros: luego vino el Arco Minero del Orinoco -2016-, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de «promover una extracción de minerales al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado».
Sin embargo, el resultado ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” o “sistemas” financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte —a veces con tensiones internas— una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde caben los territorios de Alemania, Costa Rica y Chipre sumados.
En Bolívar dominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos —Toto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros—, que se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes; mientras que, en Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las armas.
Pero también están los garimpeiros. «Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 años de ocupación. Son los garimpeiros, término del portugués brasileño que denomina a los mineros ilegales. Suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional. Han llegado por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todavía se recuerda la masacre de Haximú, una comunidad yanomami cercana a las fuentes del río Orinoco, en Venezuela: en 1993, 16 indígenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando allí, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasileña, que fue la encargada de examinar el caso teniendo en cuenta la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados».
De hecho, una base de datos preparada para el reportaje de El País, se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones indígenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haximú, sobre el curso del río Ocamo.
