Responso por dos difuntos

Sí, este es un responso por dos difuntos: el Estado de Derecho y la democracia.

Sobre la defunción del Estado de Derecho, valga lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a propósito de la visita que realizó a Venezuela –bajo el gobierno de Hugo Chávez- luego de los sucesos del 11 de abril de 2002, sobre las circunstancias de la situación entonces existente:

“…La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana (sobre derechos humanos) y de la Carta Democrática Interamericana”.

En El Universal, 04-12-2000, el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, había declarado –evocando la conocida frase de Luis XIV en el siglo XVII- “el Estado soy yo, la ley soy yo”; y, como ya lo señaló Allan R. Brewer-Carías, catedrático de Derecho Público, en el Prólogo del libro Historia Inconstitucional de Venezuela (1999-2012) de Asdrúbal Aguiar, abogado y doctor en derecho summa cum laude, de la UCV: “…Cuando las instituciones públicas y el control sobre las mismas no funcionan por la concentración del Poder en unas manos , es difícil dibujar bien un Estado de Derecho”.

Y el propio Asdrúbal Aguiar, en su obra ya citada, al hacer la “revisión crítica” de la Constitución de 1999, asienta categóricamente lo siguiente: “…Lo que sí es grave, pues no admite conciliación dentro de los esquemas del Estado de Derecho y de la necesaria garantía de los derechos de la persona humana, es la ruptura de la Constitución -lo reiteramos- con el régimen de separación efectiva y transparente de los poderes públicos y del equilibrio que han de guardar los unos con relación a los otros para la misma garantía de las libertades en democracia: el llamado ’check and balance’ “.

Esa “ruptura” de la “separación efectiva y transparente de los poderes públicos” a la que alude Asdrúbal Aguiar, es ostensible y claramente manifiesta. El Poder Ejecutivo controla a la ilegítima Asamblea Nacional oficialista; controla al Poder Judicial, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la mayoría de los tribunales; controla al Poder Ciudadano, cuyos órganos son la Fiscalía del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo; y controla el Poder Electoral, el cual se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los organismos subordinados a éste, cuyas tropelías son conocidas por los venezolanos y más allá de nuestras fronteras.

Bajo el régimen del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, el Estado de Derecho continúa en su tumba. Sigue sepultado.

Sobre la defunción de la democracia, es pertinente citar la Carta Democrática Interamericana que, en su artículo 3°, a la letra dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En un trabajo conjunto, Allan R. Brewer-Carías y Asdrúbal Aguiar, analizan las alteraciones graves al orden constitucional y la democracia en Venezuela (Carta Democrática Interamericana) durante la gestión gubernamental de Hugo Chávez (páginas 511-526 de la obra de Aguiar, ya citada).

Y en lo que respecta a la violación del artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana por la gestión de Nicolás Maduro, es sabido que a) está sometida a una investigación formal en la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad (Estatuto de Roma); b) que el acceso al poder y su ejercicio no han tenido lugar con sujeción al Estado de Derecho; c) que la celebración de elecciones ha sido fraudulenta, han sido elecciones falseadas; d) que los principales partidos de la oposición democrática han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, su nombre de identificación y símbolos han sido transferidos a disidentes comprometidos con el régimen; e) que hay una ausencia absoluta de la separación e independencia de los poderes públicos, como ya se explicitó líneas arriba. Igualmente es notoria la violación del artículo 4° de la Carta, que se refiere a otros componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.

Es realmente insólito que en su alocución de fin de año, Nicolás Maduro haya exaltado el funcionamiento de las instituciones del Estado, con estas palabras: “Tendremos que recordar este año 2021 por ser el año de la institucionalidad democrática, de la consolidación de la paz social. Quiero reconocer la gran labor que han hecho todos los poderes del Estado en este sentido”. Como se expresa en el editorial de El Nacional del día 2 del mes en curso, “hay que ser bien caradura” para atreverse a hacer tal afirmación, aparte de las otras mentiras que tejió como alfombra de bienvenida al año que estaba por entrar.

Como los muertos no hablan, es por lo que actualmente no suenan las voces de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país.