Policías y militares asesinaron a 51 personas en diciembre, denuncia Control Ciudadano
La Asociación Civil Control Ciudadano contabilizó al menos unas 51 personas que fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares de la Fuerza Armada Nacional a través de diferentes operaciones llevadas a cabo en 11 regiones de Venezuela.
Según la organización, estas muertes podrían calificarse como “ejecuciones extrajudiciales” en las que fueron vulnerados los derechos a la vida, integridad personal y el debido proceso. Además, que el Estado las justificó como “enfrentamientos con delincuentes”.
Adicionalmente, Control Ciudadano totalizó 73 ciudadanos ultimados a manos de los efectivos de seguridad solo en noviembre, mientras que para diciembre esta cifra bajó a 51. Todos hombres, cuyas ejecuciones se dieron en: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Siendo Miranda, Carabobo, Zulia, Trujillo y Bolívar, los cinco estados con la mayor incidencia de casos, de acuerdo al informe más reciente de la organización.
Control Ciudadano en su monitoreo y registro, asegura que solo en diciembre los cuerpos de seguridad que realizaron el mayor número de ejecuciones fueron el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Carabobo. Sin embargo, menciona la organización que los organismos policiales de los municipios Guaicaipuro, Lagunillas y PoliSucre también estuvieron involucrados en presuntos enfrentamientos.
En estos procedimientos también han participado comisiones mixtas de policías y militares sin que se pueda determinar claramente la línea de mando oficial responsable de la operación, apunta la organización.
Ante esto, la abogada y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que eso “forma parte de la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad cuya actuación en diciembre dejó un saldo de 8 abatidos”, dijo.
Finalmente, Control Ciudadano hizo un llamado al Ministerio Público que haga las investigaciones respectivas y puedan dar con los responsables.
