¿Se ocupará la CPI del Coronel Gámez Bustamante?
Siempre hemos argumentado que, como producto de los acuerdos entre el chavismo y la falsa oposición, en Venezuela hay presos políticos, civiles y militares, de primera y de segunda. Están los presos políticos detenidos por tirar piedras al régimen que luego son usados como fichas de negociación entre el chavismo y la falsa oposición. La liberación negociada de estos le rinde dividendos al chavismo que se da una imagen de apertura, a la falsa oposición quien celebra haberle “arrebatado” algo al gobierno y en su conjunto beneficia al estado chavista quien en forma casi automática gana a un evangelizador que sale a predicar sobre las bondades del régimen político. También están los presos políticos VIP con rango de celebridades cuyas milagrosas y espectaculares fugas solo podrían explicarse como el resultado de negociaciones con el régimen.
Pero hay otro tipo de preso político en Venezuela. Aquel que ha sido implicado en algún intento de rebelión contra el régimen chavista y que por carecer de las conexiones y afinidades con la falsa oposición nunca es parte de los canjes con el régimen y es ignorado en las campañas mediáticas. Este tipo de preso político está literalmente condenado a muerte por el régimen porque generalmente su caso está en el limbo jurídico de la justicia chavista y para mayor desgracia su caso se pierde en la maraña de informaciones o simplemente en el olvido. Ellos están doblemente condenados a muerte si a la agresión física agregamos la agresión moral. En esta situación están más de un centenar de presos políticos civiles y militares de cuyos casos sabemos solo gracias a sus propios familiares, a algunos periodistas, y a organizaciones tales como Foro Penal y Control Ciudadano quienes se han ocupado de documentar esos casos.
Incluso el más emblemático preso político del régimen chavista, el general Raúl Isaías Baduel, recibió el mismo tratamiento. Su asesinato en manos del régimen chavista es la indubitable evidencia. A pesar de su prestigio y de su rango nadie metió la mano para negociar y tratar de salvar su vida. Con toda su pericia y habilidades militares tampoco pudo darse el lujo de escaparse de sus captores como otros lo lograron sin ningún esfuerzo. Solo su familia, muy consciente de su estado mortal en una carrera contra el tiempo, luchó hasta quedarse afónica advirtiendo el desenlace fatal si el General Baduel no recibía urgente atención médica. Nada pudo impedir que el régimen chavista ejecutara su sentencia de muerte sobre el General Raúl Isaías Baduel.
Sin embargo, el General Baduel no fue el primero en ser asesinado por el régimen chavista mientras estaba bajo custodia de sus esbirros y torturadores. Según el Foro Penal en condiciones similares habrían fallecido Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz. Es evidente que se trata de un procedimiento establecido y sistemático que usa el chavismo para librarse de este tipo de preso político y que su muerte sirva para propagar el miedo en sus propias huestes.
Por supuesto, en el mundo militar chavista hay preocupación porque nunca se sabe a quién le va a tocar. Y es que aun cuando no exista una amenaza creíble de rebelión militar contra el régimen en el seno de sus propias fuerzas armadas la acusación por conspiración se ha convertido en el recurso más usado para decidir los ascensos y dirimir pugnas intestinas entre bandas militares. Con razón muchos militares chavistas comienzan a preguntarse ¿Si esta es la suerte de un hombre con la estatura y el prestigio del General Baduel qué pueden esperar los cientos de oficiales militares presos a quienes se les niega sistemáticamente el derecho a la defensa?
Desde hace varios años hemos seguido el caso del Coronel José de Jesús Gámez Bustamante, preso del régimen en condiciones similares a los antes mencionados. Gámez Bustamante no tiene esperanza de recibir justicia del estado chavista porque el propio Nicolás Maduro lo condenó públicamente al decretar que (Gámez Bustamante) “se pudra en la cárcel”. Una vez asesinado Baduel la atención de sectores militares se dirigió al Coronel Gámez Bustamante. No porque el Coronel Gámez Bustamante cuyo estado de salud es precario sea la figura de una nueva rebelión, sino más bien por un sentimiento de respeto y magnanimidad con un antiguo compañero de armas a quien reconocen como honesto, profesional y leal, aunque estos no sean precisamente los valores de la actual fuerza armada chavista.
Muy poco se puede esperar de las solicitudes de trato humanitario para el Coronel Gámez Bustamante que oficiales activos le han enviado al ministro pusilánime y comodín Vladimir Padrino López. Por el contrario, esas peticiones están siendo procesadas como la evidencia de una supuesta conspiración militar encabezada por el Coronel Gámez Bustamante y que tendría como eje la Guardia Nacional chavista. Si hay pugnas en las fuerzas armadas chavistas y estas evolucionan al punto de convertirse en rebelión es algo que solo podremos saber con el tiempo. Pero lo que sí está claro es que el intento de acusar al Coronel Gámez Bustamante como cabeza de una conspiración militar no es sino la justificación para darle el mismo trato que ya le dieron al General Baduel buscando el mismo desenlace fatal.
Aunque no somos optimistas en lo absoluto sobre el papel que jugará la Corte Penal Internacional en su supuesta evaluación sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen chavista en Venezuela por el contrario sí creemos que es posible llamar la atención de esta instancia internacional sobre el caso del Coronel Gámez Bustamante y otros cientos de oficiales militares quienes como él están prácticamente condenados a muerte. Si la Corte Penal Internacional y el fiscal Karim Khan quisieran mostrar un interés genuino por la situación de Venezuela podrían comenzar por exigirle al régimen chavista la liberación inmediata de estos presos políticos, civiles y militares, o si lo prefieren que sus juicios, sin ninguna posibilidad de resolución en la Venezuela chavista, sean radicados en otro país donde al menos se les garantice el derecho a la vida y a la defensa. El interés o el desinterés de la CPI por el caso del Coronel José de Jesús Gámez Bustamante y el de cientos de presos políticos, civiles y militares, en Venezuela establecerá la diferencia entre la vida y la muerte.
@humbertotweets
