Prostitución y trata de blancas
En días pasados se hizo público en los medios de comunicación la detención en el municipio Libertador del estado Carabobo de un autobús cuyas pasajeras eran adolescentes y mujeres que serían comercializadas sexualmente en Colombia. Según los cuerpos policiales, los involucrados fueron puestos a la orden de la fiscalía pero no hemos escuchado nada más de este caso. Las preguntas que nos debemos hacer son básicamente dos: ¿esto es un caso aislado? O ¿Es posible que sea una de muchas redes de trata de blancas y que estemos en presencia de una industria criminal en ascenso?
Supongamos que nos inclinamos por responder afirmativamente la segunda pregunta, de ser así, es claro que la crisis humanitaria compleja que padece el país expone a las mujeres, principalmente a las niñas y adolescentes, a condiciones precarias que las hacen vulnerables a ser sometidas a la prostitución. Pensemos que hoy, entre muchos datos preocupantes, sabemos que la deserción escolar es masiva y que, así como nosotros nos enteramos de la crisis migratoria venezolana, las mafias criminales trasnacionales están muy enteradas del drama humano detrás de la diáspora. Una oferta engañosa de trabajo y bienestar a una joven venezolana agobiada por el hambre, el desempleo y la falta de alternativas puede ser un gancho muy atractivo para capturar a las víctimas.
Los ingresos que estas redes de trata de blancas, por lo que se sabe de ese oscuro negocio internacional, son astronómicos. La esclavitud sexual puede dar dividendos suficientes como para sostener rutas de transporte, hospedajes y alimentación en toda Venezuela, no solo en la frontera, como queda evidenciado con aquella camioneta detenida en Tocuyito, y además, considerando los bajos salarios de los funcionarios militares y policiales, parte de esos recursos ilícitos pueden ser usados por las mafias para corromper a los efectivos de seguridad.
Por otra parte, no se tienen estadísticas públicas fiables sobre la incidencia de la prostitución en Venezuela. Hace un par de décadas que los servicios hospitalarios relativos a salud reproductiva y control de enfermedades de trasmisión sexual dejaron de carnetizar y controlar a las trabajadoras sexuales y los locales donde laboraban, además, las instituciones dedicadas a la protección de la mujer, en los tres niveles de gobierno, no tienen unidades de trabajo social para detectar en el campo la incidencia del fenómeno.
Es obvio que los hacedores de políticas públicas, en este y otros campos, trabajan a ciegas al no tener datos confiables de la realidad. La política de protección social a grupos vulnerables, a través del Carnet de la Patria, está marcadamente politizada y sus fines son más electorales que sociales, si el Estado no es capaz de saber dónde deben usarse fondos públicos para atender la precariedad, lógicamente, sucederá que los fondos llegarán dónde no son urgentes y se abandonará a su suerte precisamente a los que necesitan la ayuda pública.
Todo parece indicar que los grupos delictuales dedicados a la trata de blancas, si no es que ya es así, tienen múltiples condiciones para instalarse en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Ahora bien, como estamos elucubrando sobre supuestos, es necesario que se debata públicamente sobre estos riesgos, el ambiente electoral es más que conveniente para debatir, y se puedan plantear alternativas ante estas cuestiones.
No se puede decir que se es feminista, como lo hace el actual gobierno, sino se medita y actúa frente a las amenazas del presente hacia las mujeres. Tampoco es correcto mirar en otra dirección o combatir el asunto con cadenas de oración, se requieren buenos decisores, asertivas decisiones y efectivas acciones.
[email protected]
@rockypolitica
