Probar las vacunas cubanas en niños es un grave delito
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos fue aprobada en 2005 por unanimidad de los Estados que integran la ONU (de los que Venezuela es parte), en esa normativa internacional se estipula en su artículo 6, numeral 2, que “la investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración”.
Es suficientemente claro que la investigación médica en seres humanos, sin el debido consentimiento informado, está prohibido y se considera una grave violación de derechos humanos. Según nuestra Constitución Nacional vigente, en su Artículo 19, “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.
En otras palabras, la experimentación en seres humanos sin consentimiento informado es un delito tanto fuera como dentro de Venezuela.
Nicolás Maduro se apresta a iniciar la vacunación de niños, niñas y adolescentes y, de forma más o menos velada, se ha sugerido que los fármacos usados sean los candidatos vacunales cubanos Abdala o Soberana. Esos fármacos aún no han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si Nicolás Maduro insiste en su irresponsabilidad manifiesta de inocular con candidatos vacunales, se hace necesario que la ciudadanía se haga consciente de sus derechos. Las madres, padres o representantes de los niños, niñas y adolescentes que vayan a ser inoculados con fármacos cubanos tienen derecho a ser informados sobre esa pretensión y, a tales efectos, aprobar y firmar un consentimiento en el cuál ellos sean conscientes de los riesgos y asumir la responsabilidad de los efectos que esa sustancia, no certificada por la OMS, puede provocar en su hijo o hija.
Si esto no ocurre, estaremos en presencia de un grave delito y los responsables no solo serán los que emiten la orden desde la comodidad de Miraflores sino, también, todos los funcionarios públicos involucrados en la cadena de mando y que, sépanlo, no podrán excusarse en la obediencia debida.
Lo correcto es usar las vacunas certificadas por la OMS, estas tienen estudios científicos que dan soporte a su efectividad, entre ellas, la Sputnik V de fabricación rusa y la Sinopharm de fabricación china que son las que, con mucha lentitud, han llegado al país. ¿Por qué no ser responsables y tomar decisiones con soporte en la ciencia médica? ¿Por qué arriesgar a los niños, niñas y adolescentes? Son preguntas que todos los ciudadanos se hacen y, lamentablemente, no contamos con una satisfactoria respuesta.
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