Andrea Santacruz: La CPI podría señalar a altos cargos del chavismo por crímenes de lesa humanidad
Andrea Santacruz Salazar, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), explicó este jueves las implicaciones que tiene para Venezuela la decisión de la CPI de iniciar una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad y violación de DDHH por parte del Estado, y dijo que es posible que la corte señale a altos cargos del chavismo.
Pese a que destacó que no hay que crear expectativas sobre consecuencias inmediatas porque en estos procesos «no se puede hablar de tiempo», Santacruz subrayó a Román Lozinski que la CPI va por los más altos responsables e investigará a la cadena de mando.
«La CPI es una instancia de justicia y no una instancia política, la CPI rechaza que se politice el tema y por eso es importante el mensaje de ayer que va dirigido al Estado venezolano, porque si va a colaborar o cooperar tiene que ser abierto frente a quienes puedan ser indicados como los más altos responsables. La Fiscalía de la CPI no irá contra cualquiera, sino contra los más altos responsables».
«Es probable que veamos -cuando haya transcurrido la investigación- que se individualicen las responsabilidades y se indique a algunos miembros del Ejecutivo nacional, porque la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ha señalado ya a altos cargos y su responsabilidad en crímenes atroces», agregó.
Asimismo, destacó que se trata de un cambio importante porque ahora no solo se evaluarán las denuncias, sino que durante la fase de investigación, la CPI analizará casos individuales, se tendrán en cuenta a las víctimas y se determinarán posibles responsables de forma individual.
«Esto significa que acabamos de entrar al espacio correspondiente a la investigación, que es importantísima, sobre todo para las víctimas porque anteriormente la Fiscalía recogió información y las víctimas eran una de las fuentes, pero a partir de ahora se reconocen como víctimas».
Santacruz recalcó que a partir de ahora, el Estado tiene obligaciones en el marco de la colaboración porque pertenece al Estatuto de Roma y debe permitir que la Fiscalía haga todo lo necesario para avanzar en su investigación: «en otros países, la Fiscalía ha acudido a misiones especiales para recaudar pruebas y el Estado venezolano -se supone- que debe ser abierto; y en caso de que se individualice la responsabilidad de una persona, el Estado debería ubicarlo, presentarlo, etc.
Antes de finalizar, la especialista en DDHH refirió al tema de las consecuencias que pueden traer para el país esta decisión y dijo que lo ideal sería que el Estado asuma que debe hacer todo lo necesario para que el sistema de justicia pueda responder a las víctimas. Sin embargo, declaró que no han visto voluntad por parte del Estado de que esto suceda.
«No hemos visto en las acciones actuales la voluntad real del Estado, hemos visto poca voluntad del MP y los tribunales en aplicar la constitución y las reformas recientes al COPP. Todo esto es insuficiente para tener un verdadero sistema de justicia».
