17 años de ofensas

Este 18 de noviembre se cumplen 17 años del homicidio del mal llamado “Fiscal de la Dignidad Nacional”. El tiempo, también indagaciones confiables, consistentes, dejaron ver los verdaderos responsables y las motivaciones reales del crimen; además, la dinámica empleada para encarcelar a tres chivos expiatorios, masacrar dos y espantar otro tanto.

Ese homicidio, sin derivarse del sicariato ni de una acción terrorista como pretendieron hacer creer, sirvió de catalizador a la violencia gubernamental, extendida en muchas formas, igual de hirientes todas, en especial una, identificada con un aforismo de creciente uso: “terrorismo judicial”. Suele confundirse con el “fraude procesal”, más bien van de la mano.

La aplicación de conocimientos jurídicos, acompañados de comportamientos delictivos, a través de los cuales se acosa, amedrenta y se hiere con cárcel, a veces de manera mortal con saldo luctuoso, es “terrorismo judicial”. Mezcla de sapiencia y delito prevalente en la causa penal seguida a los chivos expiatorios elegidos en el caso Anderson: los Guevara.

17 años de cárcel, que cumplirán este mes Juan, Rolando y Otoniel Guevara, abandonados a su suerte, constituyen referentes de la carga negativa de la ofensa vertida no sólo sobre estos ciudadanos sino también a toda nuestra sociedad.

Ofensa es vernos expuestos al “terrorismo judicial” en razón de la exigibilidad de nuestros derechos, también que pretendan quebrarnos la autoestima, la moral; que perturben nuestra disposición para establecer relaciones sociales armónicas y golpeen nuestros principios y valores, que es afectar el significado de la vida.

Esa ofensa, múltiple y continuada, ha sido el sustrato de la injusta prisión de los Guevara, resultado de cinco años de falsas imputaciones, en medio de una especie de selectividad penal criminalizante efectuada del 2000 al 2004. Lapso en el cual distorsionan sus trayectorias policiales, con un propósito, dejarlos expuestos a los reparos de la sociedad, estigmatizados, con las etiquetas de mafiosos, sicarios, terroristas, y, por último, de homicidas.

En la perspectiva de la justicia transicional, la verdad en este caso, al principio huidiza, errática, hizo mella en la historia oficial y dejó su impronta de certitud sobre los hechos, trastocados en una narrativa elocuente respecto a la ausencia de justicia en el proceso penal generador del encarcelamiento indefinido.

Lo anterior, hace ineludible la reparación de daños, más que notorios, grotescos, y, por supuesto, impedir que vuelvan a ocurrir este tipo de atrocidades; también hace insoslayables aspectos con tendencia a ser polémicos, el Perdón y la Reconciliación, entendidos como procesos que posibilitan la reconstrucción del tejido social, que en Venezuela se encuentra en muy mal estado.

Suena a tarea para el futuro. No es así. En materia de derechos humanos existe una metodología: “la regla de las tres D”, que responde a un principio de fácil comprensión para actuar en el presente: “Cualquier violación a algún derecho es la expresión de la violación a la dignidad humana”, por tanto, debe ser documentado, denunciado y difundido.

La Doctora Jackeline Sandoval, defensora de los Guevara y directora de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO), y su hermana Donagee, ambas abogadas, en estos largos 17 años se ha dedicado precisamente a documentar, denunciar y difundir o visibilizar el caso de los Guevara. ¡17 años! Nada fácil con una justicia que por estos días asomó la posibilidad de llegar, pero a mediano plazo.

Trabajo metodológico favorable al ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición por parte de víctimas de violaciones de derechos humanos, como lo son Rolando, Otoniel y Juan Guevara. Ahora bien, el tema de la reparación implica, en mayor medida, abordar, en un contexto transicional, el Perdón y la Reconciliación en relación a las ofensas recibidas por más de tres quinquenios.

En la 6ta. Cohorte de la Escuela de Perdón y Reconciliación (ESPERE), dirigida por la psicóloga Marisol Ramírez Vargas, aprendimos que el perdón es un asunto de miradas y perspectivas, que depende de dónde nos ubiquemos a observar los hechos y que ver sólo lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto, imposibilita tener mejor comprensión de la realidad. A todo evento es una opción personal. En tanto que la reconciliación es una opción ética, no moral, desde el cuidado de nuestro ser, con base a acuerdos regidos por principios y valores.

En cuanto al ser, a la esencia personal, en los presos políticos el mayor daño lo representa el descrédito, a tal grado, que la prioridad de ellos es revertirlo. O sea, el interés está en el derecho al buen nombre. Es el lado opuesto a quienes ponen el énfasis en lo pecuniario.

Este es un claro indicador de lo importante que resulta poner en contexto a las víctimas, en aras no sólo de la reparación sino también de la verdad como parte de esta, que en casos como el de los Guevara trasciende los simbolismos reparadores y compensaciones económicas para insertarse en el plano de la ética, de la dignidad, lo cual se patentiza en palabras del comisario Iván Simonovis:

“Con honestidad, hay días que te despiertas y deseas no existir. Este proceso fue creado para anularme como ser humano, para acabar con mi alma, para dejarme sin espíritu. […] Lamentablemente, la cárcel no sólo devasta a las personas involucradas, también destruye a sus familias”.

@jolcesal