Los casos Saab y Carvajal, y el mito de la Justicia internacional
Otra evidencia que Venezuela atraviesa por una profunda crisis de Estado y no de gobierno es la ausencia de instituciones para garantizar la administración de justicia. Hay que insistir en estos temas sobre todo para desenmascarar a quienes desde la falsa oposición alegan que esto se resuelve logrando un concejal aquí y un alcalde más allá. O peor aún, para quienes sueñan con un final negociado, armónico y feliz luego de unas elecciones “libres, justas y verificables” y un gobierno de transición calculado y programado para que resuelva el desastre chavista de dos décadas en tan solo 24 meses.
La violencia que se ejercita desde el Estado chavista para someter a la población civil no es improvisada ni casual. Se trata de una violencia aplicada contra los civiles por parte de las fuerzas policiales y militares del régimen en forma “masiva y sistemática” según documentos de organismos e instituciones internacionales que han mostrado interés en el tema. Frente a la violencia que el Estado chavista aplica como política de estado las víctimas no tienen ninguna posibilidad de lograr justicia o reparación de sus verdugos porque sencillamente el régimen chavista está estructurado para validar y celebrar el crimen político sobre todo si es perpetrado por sus propios esbirros.
Las víctimas sobrevivientes y sus familiares no tienen otra opción que, en defensa de su propia dignidad, acudir a instancias fuera de Venezuela para demandar que, en nombre de unos derechos humanos, se haga justicia y se le aplique la ley a un régimen que lincha física y moralmente a sus ciudadanos. Delitos tales como la tortura física y el asesinato que deberían ser castigados conforme al derecho positivo venezolano son, por el contrario, premiados y alentados como formas de lograr ascensos en los cuerpos policiales y militares del régimen. Al no existir ninguna esperanza de justicia y castigo, ni siquiera con la generosa adjudicación de concejales, alcaldes y concejales a la falsa oposición, a los venezolanos no les queda otra opción que entrar en el indefinido y difuso ámbito de la llamada “Justicia internacional” con la esperanza que “alguien haga algo.”
Los vencedores de la segunda guerra mundial promovieron la creación de diversas instancias y organizaciones para velar por la protección de unos “derechos humanos” atribuidos universalmente a todos los hombres. La invocación de estos derechos universales y la existencia de estos organismos frecuentemente llevan a pensar, en forma errónea, que existe un ámbito extraterritorial a los estados y una instancia supranacional por encima de estos que puede actuar para administrar justicia en cualquier parte del mundo. Para apoyar esta tesis se cita con frecuencia los juicios contra los nazis y muchos otros que han ocurrido desde entonces contra dictadores y genocidas tales como Sadam Hussein y Muammar Gaddafi.
Pero también frecuentemente se ignora que en esos casos lo que está actuando no es un derecho internacional difuso e inexistente en protección de los derechos humanos universales. Lo que allí está operando es la aplicación del derecho positivo de esos países cuyas instituciones han decidido juzgar a personas que son no ciudadanos de esos estados y más concretamente lo que sin duda estaría funcionando es el interés geopolítico de cada estado en reservarse el derecho de juzgar y perseguir a quien represente un peligro para sus propios intereses.
No existe un derecho internacional ni una justicia internacional que entran en acción cuando, por ejemplo, se cometen crímenes contra las personas en el ámbito de los Estados. Lo que en realidad existe y está operando en forma activa es la geopolítica en virtud de la cual unos estados usan instancias como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para coordinar acciones contra gobiernos y personas que atentan contra los intereses de otros estados. Así ha sido y así seguirá siendo a pesar de las campañas mediáticas para sacralizar y romantizar la defensa de los derechos humanos con la esperanza de encontrar una justicia que le es negada en forma sistemática y masiva a millones de ciudadanos en sus propios países.
En el caso de Venezuela hay cientos de miles de víctimas de la violencia del régimen chavista que esperan con ilusión y esperanza la aplicación de esa justicia internacional en contra de sus verdugos. Ya hemos visto como cientos de casos entran en el laberíntico proceso que aparentemente es el de la justicia internacional pero que en realidad es el de la geopolítica y la diplomacia. Por eso, la realidad es que una sentencia condenatoria contra un estado o un verdugo por parte de estas instancias internacionales servirá de poco o nada si no hay cierto consenso político entre dos o más estados para actuar y castigar a los culpables.
Los procesos contra Álex Saab y “El Pollo” Hugo Carvajal ventilados ante cortes nacionales en España y los Estados Unidos, sumados a otros casos contra Bolichicos y Boliburgueses implicados en delitos de corrupción, verán resultados y condenas más rápidas, expeditas y eficientes que los llevados contra los esbirros del régimen chavista por delitos de lesa humanidad en las instancias internacionales.
Este artículo no intenta desalentar la lucha en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política perpetrada por el chavismo en Venezuela, ni siquiera usando un fundamento difuso y etéreo como la violación a los derechos humanos universales. Lo que creemos es que los delitos de corrupción perseguidos y penalizados en países como Estados Unidos, España y Canadá, por citar algunos, permiten explorar el ángulo del derecho positivo penal de esos países para juzgar y condenar crímenes contra las personas perpetrados por el estado chavista y sus esbirros.
Pero, sin perder de vista, en ningún caso, que es la geopolítica y no un indefinido derecho o justicia internacional lo que eventualmente permitirá coordinar las acciones para juzgar y condenar al estado chavista y sus operadores por delitos cometidos según la ley vigente venezolana y la de otros países. Esto no niega que en el futuro los criminales del régimen chavista sean juzgados y condenados a pagar las penas más severas del momento en Venezuela. Sin embargo, antes será necesario un cambio de régimen político y jurídico por uno republicano con instituciones basadas en la ley, el orden, y la justicia.
@humbertotweets
