El gobierno aprovecha la pandemia para intensificar la persecución, la represión y el control social: Cepaz
– El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reiteró este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro aprovecha el covid-19 para intensificar la represión y persecución en el país e hizo un llamado a organismos internacionales para que permitan a víctimas de violaciones de DDHH acceder a la justicia internacional, ya que es bien sabido que en Venezuela no existe dependencia del poder judicial.
El acceso a la justicia, hoy se ve más restringido y limitado por las medidas extraordinarias adoptadas en el contexto de la pandemia global del coronavirus, «que está siendo aprovechado por un gobierno autoritario para intensificar sus políticas de persecución, represión y control social», suscribió Cepaz en su último informe según nota de prensa.
«Lo anterior debe resultar suficiente para que los organismos internacionales de protección de DDHH analicen el cumplimiento del requisito de agotamiento de recursos internos en Venezuela, a partir de un contexto en el cual, y de manera generalizada, es virtualmente imposible acceder a recursos del orden interno», por tanto, recomendó «a los organismos de protección internacional que, tanto los obstáculos estructurales que operan para impedir el acceso a la justicia, como la consolidación del quiebre institucional y del Estado de Derecho a partir del año 2017, informen de manera inequívoca el análisis de admisibilidad en los casos de Venezuela».
En el informe Acceso a la Justicia Internacional por parte de las víctimas en Venezuela, Cepaz fustigó que las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela «encuentran un obstáculo» al acceso a la justicia internacional cuando se les obliga taxativamente a agotar los recursos internos, aún cuando está demostrado que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela hace que las vías internas no sean las idóneas ni efectivas para reparar las violaciones.
Y señala que ante esta situación, es posible aplicar la fórmula de la falta de disposición del Estado para garantizar el derecho a la protección judicial como excepción a la regla de agotamiento de recursos internos, que tiene como finalidad garantizar el acceso a los mecanismos de justicia internacional en favor de las víctimas.
El centro explica que la fórmula de la falta de disposición, o falta de capacidad está expuesta como excepción a la regla de agotamiento de recursos internos en el Estatuto de Roma de la CPI, donde se establece que «serán admisibles los casos cuando el Estado no esté dispuesto, o no pueda realizar la investigación de alguno de los crímenes establecidos en dicho Estatuto».
El 16 de septiembre de 2020 la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (Fact Finding Mission) presentó un primer informe exhaustivo, en el que concluyó que “las investigaciones revelaron una interferencia en la independencia del Poder Judicial, que obstaculiza el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial”.
