La Policía que merece el municipio Libertador del estado Carabobo
Hace unos cuantos años, al inicio de uno de los muchos brotes de protestas antidictatoriales, el entonces presidente Hugo Chávez expresó su deseo de que se nos aplicara a los manifestantes “gas del bueno”. La orden fue dada y fue también entusiastamente obedecida. Muchos aspiramos ese gas y fuimos afortunados de sobrevivir. Muchos desde entonces han pagado cárcel, tratos crueles y degradantes, exilio o, aún peor, dieron su vida tras la cruel represión institucionalizada. Si hoy hay relativa paz en las calles no es por satisfacción de la ciudadanía, es el silente luto nacional de un país que llora sus heridas abiertas.
Sanar esas heridas es una prioridad. La experiencia de otros países que han afrontado circunstancias similares nos indica que han debido apelar a la amnistía general, a la justicia transicional, al esfuerzo por documentar y preservar la memoria histórica, a la reparación de las víctimas y a las garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, es un camino tortuoso, doloroso, en el cual una mezcla de perdón con justicia sirve de medicina para reconstruir el entramado social. Pero eso será un primer gran paso.
Luego, deberemos afrontar un reto complejo y técnico, el de construir un servicio policial civil, orientado al respeto por los derechos humanos y pensado para el contexto de una sociedad democrática. No solo se trata de que nuestras instituciones no dejen pasar sin procesar judicialmente cualquier intento futuro de cualquier ciudadano investido de poder de llamar, ordenar o justificar actos represivos generalizados como aquel “gas del bueno” o “el ataque fulminante” de cierto ex gobernador, debemos constituir servicios policiales que sean capaces de proteger las distintas sensibilidades de una sociedad diversa, compleja, que supone la legítima validez de todas las posiciones y expresiones públicas.
Debemos comprender que la protesta y la huelga, sea sindical, gremial, estudiantil o partidista, es un derecho. Debe cumplir con ciertos procedimientos, ciertamente, como la notificación previa a las autoridades competentes, pero los cuerpos de seguridad tienen el deber de proteger la integridad de los manifestantes; no agredirlos; deben prohibirse las contramarchas, es decir, las movilizaciones simultaneas de los adversarios directos; debe cesar la territorialización con fines partidistas, es decir, lugares en los cuales no se puede protestar por ser zonas de “X” con excepción de aquellos lugares que puedan significar un serio riesgo para la seguridad. Si ocurre, por ejemplo, que una marcha de “A” encuentra grupos de personas de “B” durante su ruta prevista, los cuerpos de seguridad deben proteger a los marchistas separando ambos grupos para que pueda prevenirse la violencia sin menoscabo a la libertad de expresión. Es una situación más sencilla de escribir que de realizar, pero es lo correcto. Ya llevamos 20 años seguidos de cuerpos de seguridad parcializados, actuando como ejercito de ocupación de su propio país, merecemos probar con la imparcialidad, con el profesionalismo civil, con la independencia y objetividad policial a ver que tal nos va.
En el municipio Libertador del estado Carabobo, si la Plataforma Unitaria logra la victoria electoral haremos un intento serio de reformar nuestro cuerpo policial municipal para ajustarlo a estos principios. El enfoque para tratar los temas de seguridad será civil, no militar. Privilegiaremos las relaciones comunitarias de la policía como un garante del orden y no como una garantía de la matraca y la vacuna como es en la actualidad. No será sencillo, pero hemos decidido emprender una ruptura real con el presente, decidimos por el futuro.
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