Holocausto universitario
Durante los 22 años el régimen no ha escatimado esfuerzos en desarrollar una política hacia las universidades. Quizás inspirados en Adolfo Hitler, implementaron con afán desmedido una serie de acciones basadas en el desprecio al conocimiento científico, tecnológico y humanístico que producen las universidades. Su finalidad no es otra sino alcanzar “la solución final” de suprimir la autonomía universitaria, construyendo para las universidades un ordenamiento jurídico al servicio del gobierno y desconocer las autoridades universitarias para establecer el pensamiento único de la revolución.
En sus inicios el régimen optó por presentar una imagen de cordero para cautivar a inocentes creyentes e incorporarlos a su “revolución socialista y bolivariana del siglo XXI”. Armando su trampa caza bobos, procedió a anunciar y aprobar en el proceso constituyente de 1999, el rango constitucional a la autonomía universitaria (Art 109 de la CRBV).
Acto seguido, designaron, a profesores identificados con el régimen, como autoridades encargadas de las políticas públicas para la educación universitaria. Se destacó, entre ellas, el Proyecto Alma Mater para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela (OPSU, 2001) que entre otros aspectos contemplaba: elevación de la calidad académica, garantizar la equidad en el ingreso estudiantil, financiamiento oficial de las universidades, construcción de nueva planta física, conclusión de obras paralizadas por años, reparación y remodelación de edificios, laboratorios y aulas de docencia e investigación en todas las universidades autónomas y experimentales y el mejoramiento del transporte, comedor y becas estudiantiles.
Pero, como dice el refrán popular “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”. Las ilusiones se fueron evaporando, dando paso a que el régimen dejara de lado su piel de cordero y asomara sus colmillos de autoritarismo represivo, al propiciar que los colectivos armados, bajo el argumento del impulso de un proceso de constituyente universitario tomaron violentamente en marzo del año 2001 parte del edificio sede del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 32 días. Su objetivo era desconocer a las autoridades recién electas para permitir así la intervención gubernamental. Lo relevante de esta acción de los colectivos armados fue la total impunidad con que actuaron protegidos por la policía política del régimen.
A partir de ese hecho, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno. Entre el año 2008 y 2012, las universidades presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la comunidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.
Otra modalidad empleada por el régimen contra las universidades fue “el cerco jurídico” para imponer, arbitraria e ilegalmente, la suspensión de todas las elecciones de autoridades universitarias en las universidades nacionales. La imposición a través de la Ley Orgánica de Educación de condiciones electorales que contrarían lo establecido en la Ley de Universidades vigente y el artículo 109 de la Constitución Nacional y el intento de imponer una Ley de Universidades en el 2010 que generó el rechazo mayoritario de los universitarios, y condujo a que el presidente Chávez la vetara en enero 2011.
Otro cerco contra las universidades fue el presupuestario que comenzó con la reconducción de los presupuestos universitarios, imponiendo de esa manera, la política según la cual, para el año siguiente debe mantenerse el mismo presupuesto del año anterior generando un estancamiento en el funcionamiento universitario.
Mas adelante, el régimen dio otro paso de avance en su política intervencionista al colocar el pago de las nóminas en el Sistema Patria y cerró el circulo, al aprobar en el CNU, una normativa para dejar en manos del régimen e manejo de los recursos propios de las universidades que producen por sus programas de extensión y post grado.
En lo referente a las relaciones laborales, el régimen no descansa en su agresión. Comenzó desconociendo la aplicación de las Normas de Homologación y progresivamente ha ido imponiendo condiciones laborales que condenan a los obreros, empleados y docentes a la pobreza extrema.
Prácticamente, las acciones del régimen en su afán por destruir la autonomía del sector universitario condenan a muerte a todos los miembros de la comunidad universitaria, al carecer de programas de seguridad social y eliminar los seguros HCM. El desafío por sobrevivir es mayor por la precariedad del sistema de salud público, la eliminación de los institutos de previsión social y la desvalorización de las cajas de ahorro por la hiperinflación. Cierra este dantesco cuadro, el congelamiento de la discusión de los contratos colectivos para imponer falsas y unilaterales contrataciones, avaladas solo por federaciones y sindicatos fantasmas.
Finalmente, el régimen se acerca a su objetivo principal con respecto a las universidades, en lo que representa la solución final, el holocausto universitario creado por ellos, al convertir el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el “órgano del Estado Socialista” que debe orientar el modelo educativo revolucionario hacia la formación ética y a la producción socialista, al asumir el gobierno el control directo del ingreso y distribución de la matrícula estudiantil, y regular las condiciones de trabajo de todo el personal que labora en las universidades oficiales y privadas
Ante ello, obreros, estudiantes, empleados y docentes siguen en su lucha por superar las políticas de hambre, represión y muerte impuesta por este régimen fascista.
