Gracias presidentes Lacalle, Abdo Benitez y Lasso

Han sido publicados sendos reportes de DDHH. El primero, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del 16 de septiembre de 2021, y otro de La Alta Comisionada de DDHH de NNUU, de conformidad con la Resolución 45/2 del Consejo de DDHH en fecha el 13 de septiembre de 2021.

Ambos informes registran dos pronunciamientos muy graves: i.-En Venezuela la justicia es un instrumento de represión y persecución política que funda acusaciones basadas en pruebas ilegítimas como torturas ejecutadas por órganos de inteligencia del estado venezolano, y ii.-La afectación de los Derechos Culturales, Económicos, Sociales, Políticos y Humanos de los venezolanos tiene su origen en políticas de control de estado, que han creado una situación de inmensa fragilidad y pobreza más allá de los emplazamientos de la Alta Comisionada Bachelet, a aliviar la carga de lo que denomina “medidas coercitivas unilaterales”.

El mundo diplomático que se mueve dentro de una misma estructura de tutela y observancia de los DDHH; los Derechos Civiles y políticos; la dignidad de las personas, elevando a una sola voz su valoración de Venezuela, como sucede en Myanmar, Yemen, Burundi, Afganistán o Siria. Denuncian que somos una nación desplazada, sometida a graves crueldades humanas, atrapada en la anomia institucional lo cual conduce a una inevitable conclusión: la irremisible aplicación de la justicia penal internacional prevista en el Estatuto de Roma.

Jueves, fiscales y órganos de inteligencia…

El informe de la Misión Independiente/CDH ha sido enfático en decir que “existen motivos razonables para creer que debido a una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de DDHH y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores, supuestos o reales”. Esta aseveración sentencia la judicialización de la política o lo que es lo mismo, la politización de la justicia.

Han salido a la luz pública testimonios que afirman como “las sentencias venían preparadas para su firma”, ordenando detenciones a capricho de líderes políticos o ciudadanos que cuestionan al régimen. “En los últimos años, funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel en Venezuela, han podido cometer violaciones de DDHH y crímenes con impunidad […] Y como lo señalan los protocolos de Minnesota y Estambul, los estados están constitucionalmente obligados a investigar y castigar a todos los autores de violaciones de DDHH, independientemente de su posición”. La investigación de la Misión encontró “que el deber [de investigar y enjuiciar]se está incumpliendo en los casos que involucran a opositores reales o percibidos por el gobierno como tales”. A partir de esta aseveración, se activa la jurisdicción material, territorial y facultativa de la Corte Penal Internacional.

Gracias Ecuador, Paraguay y Uruguay

El Estatuto de Roma [17 de julio de 1998], crea la Corte Penal Internacional con carácter permanente y con la misión de juzgar a las personas responsables de crímenes de genocidio, agresión, lesa humanidad y guerra. Tiene jurisdicción sobre los casos de presunta tortura cometidos de modo sistemático, y otros como persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, apartheid político, tratos degradantes, abuso sexual, trata de personas. De estos crímenes han sido señalados autoridades del estado venezolano, y Presidentes como Luis Lacalle Pou de Uruguay, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Guillermo Lasso de Ecuador, así se lo hicieron saber y sentir a la representación de Venezuela en la Celac [México].

“No se puede construir un futuro común si no hay democracia, elecciones transparentes; si no se respetan la libertad de expresión y los DDHH” declaró Lasso. Luis Lacalle les recordó una estrofa de la canción Patria y Vida al mandatario cubano; “que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quien les dijo que Cuba es de ustedes si Cuba es de toda mi gente” y Abdo Benítez dijo, “es de caballeros decirle que no reconocemos la autoridad de la representación de Venezuela”.

Múltiples tratados en materia de DDHH, Derechos Políticos y Civiles, Protección de los Derechos de los Niños y las Mujeres; Tratados contra la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes; Deber de Investigar Violación de DDHH o crímenes contra la humanidad, exigen al estado venezolano-signatario de estos convenios- administrar justicia de forma competente, imparcial, genuina, eficaz y minuciosa. Según los reportes de las altas instancias de las Naciones Unidas, en Venezuela no existe estado de derecho siendo la justicia un ardid, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de esos crímenes. El derecho internacional obliga a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad crímenes de lesa humanidad. Ese ha sido el clamor de las víctimas en Venezuela; de millones de desplazados forzosamente, de una población empobrecida llevada al extremo de la hambruna y la emergencia humanitaria.

Por eso y por muchas cosas más, gracias Presidentes Lacalle, Abdo Benitez y Lasso por hacerse eco de la voz de la gran mayoría de los venezolanos. Por ese gesto y por muchas cosas más, como venezolano, como diplomático y como luchador por los DDHH de nuestro país, esperamos que haya justicia para que regrese la paz, la estabilidad y la sana convivencia a nuestro país.

@ovierablanco