En claves | ¿Qué dice el segundo informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela?
Este jueves, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó su segundo informe en el que subrayó que los jueces y fiscales tienen «un papel muy importante» en las graves violaciones de DDHH contra opositores al chavismo.
La Misión describe este escenario como «una profunda erosión» de la independencia judicial en el país.
Deja constancia de «cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014».
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión en el comunicado de más de 200 páginas.
A continuación algunas claves:
– La Misión identificó más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año y aseveró que investigará las circunstancias en torno a estos casos.
– En 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión, las personas detenidas o sus representantes denunciaron que fueron torturados, sufrieron violencia sexual o tratos crueles.
– Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que personas imputadas no denunciaron la tortura ante las autoridades judiciales, «por miedo o por falta de confianza en la respuesta judicial».
– En los casos investigados por la Misión, se les acusa a las personas imputadas de una serie de delitos graves que conllevan penas elevadas. La revisión de los expedientes por parte de la Misión reveló varios casos en los que los Tribunales de Control detuvieron e imputaron a personas sobre la base de hechos y documentos de apoyo que no se refieren a hechos punibles, ni individualizan su participación en los delitos imputados.
– La Misión identificó un patrón en el que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba.
– La Misión identificó 24 detenciones en las que se utilizaron medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados.
– El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de audiencias de presentación. Los detenidos solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
– La Misión tiene motivos razonables para creer que «juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores» a Maduro, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos.
