Defensa de Álex Saab: Es cruel y sádico que aún no sea trasladado para recibir atención médica
Praia.- Cabo Verde sigue incumpliendo una orden judicial para trasladar al empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reclamado por EEUU, desde la isla de Sal -donde está detenido- a la capital del país, Praia, por motivos de salud, denunció su equipo legal.
El Tribunal de Barlavento, en la isla septentrional de San Vicente, dio el permiso el pasado 31 de agosto «porque su salud se está deteriorando hasta el punto de preocuparnos seriamente a nosotros y a sus médicos», afirmó el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro en un comunicado a última hora del miércoles.
Sin embargo, las autoridades de este país insular de África occidental no han efectuado la evacuación de Saab desde la también norteña isla de Sal a la sureña isla de Santiago, donde se encuentra Praia y puede tener acceso a cuidados médicos especializados.
El empresario, detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos, «sigue retenido bajo un régimen opresivo de arresto domiciliario, sin la atención médica que necesita urgentemente», subrayó Pinto.
Un comportamiento «cruel y sádico»
«Está claro que a los que custodian a Álex Saab se les ha dicho que deben hacer lo que sea para retrasar su traslado a Praia y continuar con una rutina de comportamiento cruel y sádico con el objetivo de quebrantarlo física y mentalmente», aseveró el letrado.
En un vídeo publicado también por el equipo legal, el médico Karol Sikora, profesor de oncología en el Imperial College de Londres, aseguró que el trato que recibe Saab es «indignante» dado el deterioro de su salud, pues ha sufrido «cáncer de estómago», entre otros padecimientos, y «casi no recibe atención médica».
«Debería ser trasladado a Praia, donde puede obtener una atención médica decente», indicó Sikora.
El pasado 2 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, también dictaminó que se le debía conceder acceso sin restricciones a médicos especialistas de su elección, pese a las reticencias de las autoridades caboverdianas.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó el pasado junio que se facilitara a Saab atención médica especializada.
Duro revés judicial
Saab encajó un duro revés judicial hace tres semanas, cuando el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, máxima instancia judicial del país, declaró «improcedente» su recurso interpuesto por la presunta «inconstitucionalidad» de su detención.
Sus abogados anunciaron que pedirían aclaraciones al alto tribunal, que respaldó la constitucionalidad de la extradición del supuesto testaferro a Estados Unidos.
La corte dio así la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían aprobado la entrega del presunto testaferro.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela subrayó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según Estados Unidos, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de esas operaciones con «cientos de millones de dólares». EFE
