UE sanciona a esposa de Daniel Ortega y otros 7 funcionarios nicaragüenses, tras graves violaciones de DDHH

Este lunes, la Unión Europea impuso sanciones individuales a la Vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo y a otros 7 funcionarios nicaragüenses.

A través de un comunicado la UE señala a los sancionados «como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».

También se indica que las sanciones no son contra el pueblo del país centroamericano sino que «las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses».

Entre los sancionados destacan el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas y el hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo.

Algunas de las sanciones impuestas son la inmovilización de los bienes y los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Igualmente tienen prohibido viajar a la Unión y se les impide la entrada y libre tránsito por el territorio comunitario.

El Consejo acusa que la situación política en Nicaragua «se ha deteriorado aún más en los últimos meses» y añadió que «el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense».

«Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la UE», aseveró.

El Consejo indica que esa instancia ha hecho múltiples llamados al gobierno de Managua para que «establezca un diálogo eficaz con la oposición» y a que cumpla «sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos».

«Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones», señaló el Consejo.

También reiteraron la preocupación por «la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses» y les instó a que «deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros».

Exigieron la liberación «inmediata e incondicional» de los presos políticos, y el respeto pleno de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.

[b]No es la primera vez que Murillo y funcionarios del régimen de Noriega son sancionados.[/b]

En octubre de 2019 la misma UE aplicó el primer grupo de sanciones tomadas «después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara con firmeza la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil».

Luego en mayo de 2020, el Consejo adoptó medidas restrictivas contra seis personas más.

Recientemente, en junio de este año, Canadá sancionó a 16 funcionarios nicos entre los que se encontraban la vicepresidenta Rosario Murillo y Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Noriega en respuesta a las violaciones de derechos humanos que comenzaron en 2018 y que en la actualidad se mantienen.

En un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Marc Garneau señaló que «el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021» y agregó que contrario a eso «ha intensificado sus ataques a los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021».

Entre las sanciones canadienses destacan la prohibición de realizar cualquier transacción en Canadá, la congelación de sus activos, prohibición a cualquier persona en Canadá y a los ciudadanos canadienses fuera del país la participación en actividades relacionadas con propiedades de los sancionados y también que les proporcionen servicios financieros o similares. El grupo de señalados en la lista también se declararon inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.

Canadá solicitó «la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso a los medios de comunicación independientes y a los actores de la sociedad civil».

En 2018 el gobierno de Estados Unidos también sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo de Ortega, y a un asesor cercano acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos.

Washington acusó en ese momento a la esposa de Noriega de tener influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación, a quienes señaló de haber cometido asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros. A su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau, lo acusaron de cumplir sus órdenes de pagar a grupos armados para que atacaran a los manifestantes durante meses de disturbios antigubernamentales a principios de ese año.

Donald Trump, ordenó el bloqueo de cualquier «propiedad o intereses en propiedades» de Murillo que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a cualquier ciudadano norteamericano realizar negocios con Murillo y Moncada. La Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados al país quedó suspendida.