Justicia privatizada | Para que un preso pueda «medio vivir» sus familiares deben pagar $120 por semana

Este 21 de julio cumplió un mes la Comisión para la Revolución Judicial que ordenó Nicolás Maduro para terminar con el retardo procesal y descongestionar los calabozos policiales. Pese a que se han liberado cientos de presos, el chavismo guarda silencio sobre el cobro de vacunas y el entramado de corrupción que existe en estos centros, encabezado por sus directores, custodios y efectivos de la GNB.

Diosdado Cabello, quien preside la comisión, estableció un lapso de 30 días para visitar los centros penitenciarios, revisar las causas pendientes y tomar las decisiones judiciales necesarias lo que permitirá “que 30 días después podamos tener desocupados todos los centros de reclusión preventiva”.

Una Ventana a la Libertad, por otra parte, lleva más de cinco años denunciando las condiciones de insalubridad y el retardo procesal de las cárceles venezolanas. En un reciente informe, la ONG informó que cientos de presos han sido liberados, pero no existe información oficial concreta sobre estas medidas. De acuerdo con las cifras oficiales a las que ha accedido Una Ventana a la Libertad, un total de 205 privados de libertad recibieron traslados, medidas cautelares o libertades, lo que indica que al menos el 6,63% de la población que se encuentra detenida en los calabozos policiales de Caracas, fue atendida por esta comisión presidencial. Ya que en los 26 Centros de Detención Preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad en Caracas, en junio de 2021, hay un aproximado de 3 089 privados de libertad en un espacio con capacidad para albergar a 999 detenidos por un lapso no mayor a 48 horas.

En el medio de la supuesta «revolución» para descongestionar los centros, los familiares de los privados de libertad tienen que hacer hasta lo imposible por cubrir los costos de «estadía»: comida, transporte, multas, higiene, medicinas y hasta visitas ($5)

ND contactó vía telefónica a familiares de privados de libertad que se encuentran detenidos en el calabozo del Cicpc del Rosal, Rodeo III y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Todos reprocharon que tienen que cancelar sumas semanales en dólares para que sus parientes puedan «medio vivir» en estas cárceles.

Si no pagamos 5 dólares no lo dejan ver

Daniel Pérez tiene dos semanas detenidos en el calabozo del Cicpc del Rosal, Caracas, tras haber sido involucrado en el robo de un negocio. Según su hermano, «los PTJ solo te dejan verlo si les llevas 5 dólares».

Además, los funcionarios se han quedado con los cigarrillos que les llevan. Esto para pagar la «causa», la multa carcelaria semanal «impuesta por los pranes».

El costo de la causa es de 2 dólares a la semana o 2 cajas de cigarros. A los días de ingresar al centro de detención, Daniel de 20 años, le pidió a sus padres que le llevaran un short azul, unas cholas, un jabón y afeitadora. A diario deben llevarle la comida y el agua.

Gastamos semanal 50 dólares

Camila Vargas lleva más de dos años presa en el Inof, Los Teques. Con tan solo 30 años sufre de la tensión debido a la angustia de «estar presa siendo inocente», comentó su padre a ND. «Durante los últimos días le han tenido que hacer ecos porque tiene una pelota en el seno y le sale pus».

«Aproximadamente gastamos 50$ a la semana entre comidas, medicinas, asistencia en tribunales y copias. Sin contar honorarios porque tiene defensor público».

Según detalló el señor Vargas, Camila debe cumplir con una dieta semanal por lo que no puede comer la comida que le dan a las reclusas de la cárcel mirandina, «porque dan puros granos».

«En comida se gastan 30 dólares porque tiene que comer pollo, pescado, carne, legumbres, hortalizas, leche, avena, queso blanco bajo en sal, jamón de pavo, arroz, pasta, harina integral y jugos. Nada de eso se lo dan allá y se lo tenemos que comprar y llevárselo precocido», dijo.

Agregó que en acetaminofen, ibuprofeno o losartan gastan hasta 10 dólares semanales. Lo mismo si tienen disposición de ir a verla personalmente cuando hay visita una vez al mes.

«Cuando tienen audiencia hay que sumarles unos 10 dólares de la comida, 5 dólares de papelería», acotó.

Una llamada en el Inof cuesta hasta 5 dólares, pero también aceptan intercambio de alimentos o productos de higiene.

Rodeo III: No hay causa pero el director cobra por todo

La familia Peralta tiene dos años viviendo un infierno. Aseguran que han gastado hasta sus últimos ahorros ya que el padre y el hermano menor están también «presos por un asesinato que no cometieron».

En conversación telefónica con ND, la señora Luisa De Peralta lamentó que «debido a la falta de justicia que existe en el país nos hayamos tenido que mudar de Maturín, vivir en una casa de un familiar en Guatire para poder estar cerca de ellos. Todo esto es un suplicio que no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo».

«Al mes gastamos más de 200 dólares porque por cada uno se pagan hasta 120 dólares. Hay que comprar la comida porque la que le dan a ellos allá es comida para perros; le dan puro grano sin sal, arepa sin sal, bollitos en agua y eso lo que hace es enfermarlos. Nosotros hacemos un esfuerzo sobrenatural para que puedan medio vivir», relató.

Luisa no escatimó en acusar al responsable de todo esto. «Ellos no pagan causa (el peaje de los pranes), pero al director hay que pagarle para que los dejen tener teléfono 50 dólares mensuales. Además, desde la dirección venden una arepa con jamón y queso, acompañado con un vaso de refresco Coca-Cola en 10 dólares».