Juez español concluye que Plus Ultra es viable y le entrega los 34 millones de euros
Este lunes, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha resuelto el desbloqueo de 34 millones del rescate a la aerolínea Plus Ultra que había congelado como medida cautelar debido a un procedimiento abierto por presuntas irregularidades al momento de realizarse la concesión de la ayuda por parte del Consejo de Administración de la SEPI, quienes autorizaron la operación.
En una decisión firmada por Jaime Serret, juez que sustituye en funciones de guardia a Esperanza Collazos, instructora de la causa, se indica que ese juzgado acepta el recurso presentado por la aerolínea por considerar que de seguir suspendidos esos fondos «puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
Collazos había paralizado la entrega de la ayuda por estimar que la aerolínea no tenía la posibilidad de devolver ese dinero a las arcas públicas en ningún momento y aseguró que «una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración». Justificó la medida para «evitar la consumación definitiva de un posible delito de malversación o fraude de subvenciones» a la espera de escuchar a todas las partes.
Esto suponía que Plus Ultra debía justificar la necesidad de recibir los 34 millones «como única forma de poder mantener la viabilidad de la empresa», cosa que consiguió, ya que el juez Serret expone que congelar los 34 millones sería causa probable de la quiebra de la aerolínea, mientras que el desbloqueo del dinero «permitiría la viabilidad de la empresa -de hecho esta es la razón por la que se le ha otorgado la ayuda investigada- y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración».
Sin embargo, un análisis independiente ordenado por Collazos para verificar si había alguna irregularidad en la concesión en sí del rescate o de incumplimiento de alguno de los requisitos que impone la ley, no fue tomado en cuenta, toda vez que aún no ha llegado al juzgado.
«Debe señalarse que en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía; es decir, medidas de control y supervisión de la administración sobre el destino de esta ayuda pública», explica el auto.
También señala que «todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración, pues los 19 millones de euros entregados y los 34 millones de euros pendientes de entrega son prestamos (ordinario y participativo) que no están vencidos y por lo tanto no están impagados; pero lo que se investiga es la hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresa en crisis sin ninguna posibilidad de la devolución de los mismos».
Con información de ABC de España
