Varias ONG piden ayuda internacional para garantizar la vida de civiles tras tiroteos en la Cota 905
Más de 100 ONG y organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado conjunto donde exigieron al Estado priorizar la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por los tiroteos que azotan al oeste de Caracas desde el miércoles, sobre todo en la Cota 905.
«El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana. Las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía», reza el escrito.
En la misiva solicitan «la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población», la cual debe ser una «estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo».
Asimismo, solicitaron investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales
Finalmente, requirieron que cualquier operativo tenga como núcleo fundamental «el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
«Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo», concluyeron.
De acuerdo a denuncias de vecinos de ese sector más temprano, funcionarios policiales irrumpieron en sus hogares y se llevaron objetos.
Ante esta situación, Nicolás Maduro dijo que dichos grupos criminales son financiados por los «enemigos de la patria», pero no sustento su acusación, al igual que otros funcionarios del chavismo que han responsabilizado a la oposición.
