Una tarde en Oripoto con CAP y Pastor Heydra
Corría el segundo semestre del año 1994. Una tarde el diputado Pastor Heydra me invita a visitar al presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) en la nueva prisión. Había salido del Junquito, tenía casa por cárcel, estaba cumpliendo su pena domiciliaria en la quinta “La Ahumada”, ubicada en la urbanización Oripoto del municipio El Hatillo, a 20 kilómetros de Caracas.
CAP había sido destituido de la Presidencia de la República un año antes. Sus enemigos políticos no lo dejaron concluir su mandato. El afán era someterlo a un juicio por malversación y peculado. El 18 de mayo de ese año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le había dictado arresto preventivo en la cárcel del Junquito, Pérez ya era un hombre de 71 años. Le salía el beneficio de arresto domiciliario. Él se negaba a aceptarlo porque consideraba que era víctima de una confabulación política.
Oripoto es e por sí es una zona fría, pero esa tarde estaba lluviosa. Después de los saludos y Pastor hacerle unos comentarios del Congreso Nacional y la política, el Presidente Pérez – que era un hombre muy ameno, versado y gran conversador y se notaba que se sentía a gusto con el diputado que además había sido ministro de la Oficina Central de Información (OCI) al comienzo de su segunda gestión de gobierno – le dice: “esta visita suya, me provoca tomarme un whisky. Seguro que a ustedes no les disgusta Pastor”.
Nos sirven tres whisky de una botella de Dimple (conocidas como tres filos). Pastor, entre sus anécdotas y risas, le comenta que la situación en Acción Democrática era crítica. El movimiento sindical, la CTV. Recuerdo que cuando le mencionó a Jaime Lusinchi y le dice: el hombre está esperando sentencia; puede terminar con una condenatoria, CAP le riposta: eso no puede ser, no se dan cuenta que van a acabar con la democracia por esa sed de venganza.
Presidente como ya usted sabe a Blanca Ibáñez y a José Ángel Ciliberto les dictaron sentencia condenatoria por el caso de los 65 Jeeps. CAP se apura un trago y larga una carcajada. Le dice, Pastorcito eso estaba cantado. Es que la gente no aprende. Usted sabe de mi amistad de toda una vida con Jaime. En su momento le dije: “Jaime, a las mujeres se les da joyas; dinero; pero no se les da poder”.
La CSJ con Dios y con el diablo
La extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) en esa época estaba compuesta por 15 magistrados. El ponente en el juicio contra CAP era el magistrado Luis Manuel Palis que repartió entre los miembros del alto tribunal un proyecto condenatorio de cuatro años de presidio, realmente sin pruebas que sustentaran ese fallo.
Pasaron más de dos meses con la ponencia – no encontraban cómo decidir. Buscaron una salida salomónica. Tenían que complacer a las partes, quedar bien con Dios y con el diablo. No tuvieron la valentía, el coraje de decidir en derecho con justicia y equidad, porque la sentencia debía haber sido absolutoria, ya que sin plena prueba nadie puede ser condenado. Pero por una parte, tenían que complacer a “Los notables” que pedían la cabeza y sentencia condenatoria de CAP.
Eran sus enemigos, ya no los adversarios políticos. La presión pública, los medios de comunicación y sus dueños Miguel Henrique Otero (El Nacional), Marcel Granier (Rctv), entre otros, jugaron a la anti política, desprestigiando las instituciones, a los partidos políticos y sus dirigentes. Por la otra, los magistrados estaban conscientes que estaban condenando a un hombre inocente, no había elementos probatorios ni de convicción para el fallo que iban a tomar. Sabían que tenían que aplacar la ira de ese animal político que era Carlos Andrés Pérez. La CSJ terminó dictando una sentencia condenatoria contra CAP de dos años y cuatro meses.
El alto tribunal tuvo tres años instruyendo y estudiando el expediente de CAP, tiempo más que suficiente para analizar bien si había o no pruebas para sentenciar como lo hizo. Nunca se demostró ni peculado ni malversación de fondos.
Salió en libertad como un huracán. Durante el tiempo de encierro se creció su posición de estadista e integracionista de América Latina. La sentencia no lo inhabilitó políticamente. Siguió haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, regresó a la arena política, y resultó electo Senador por su estado natal, Táchira. Lo demás es historia conocida.
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