Rafael Narváez: Bachelet será cómplice si no pide a la CPI celeridad en el caso Venezuela
Rafael Narváez, abogado defensor de los DDHH, hizo este viernes un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que le exija a la Corte Penal Internacional que se aboque con premura al caso Venezuela.
Esto a propósito de la actualización del informe que la expresidenta chilena presentó el día de ayer 1ero de julio y en el cual reitera los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en el país, y que en su momento una Comisión de Responsabilidad nombrada por Bachelet validó y señaló al gobierno de Maduro como el culpable de cometer esos crímenes.
«Qué más violaciones (…) graves hacen falta para que decida acudir a la CPI y exigir mayor celeridad sobre el caso Venezuela tal como lo ha venido haciendo el Estado venezolano», preguntó.
«El Estado mantiene una política pública en contra de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos» sostuvo, y señala que en la actualización presentada se vuelven a denunciar los mismos abusos «repitiéndose el mismo patrón para cometer estos crímenes reflejados en informe que las investigaciones que su oficina ha realizado en anteriores ocasiones sin cambios en el patrón de ejecución de estos delitos».
El profesional del derecho criticó además a los miembros del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU por ser Estados que en su mayoría violan sistemáticamente los derechos humanos «convirtiéndose en los mejores aliados de la Impunidad internacional» y fustigó a Bachelet para que promueva que la Corte haga justicia a las víctimas señaladas en el informe sobre Venezuela y castigue a los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos.
«Anunció que sigue sustanciando y documentando expediente sobre las violaciones a los derechos humanos como la aplicación de vacunas con privilegios y la exigencia del Carnet de la Patria para poder gozar del derecho a la salud constituyéndose en acto de discriminación y desigualdad ante la ley contrariando nuestro máxima norma jurídica, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
