Rafael Narváez: «Estos cuerpos de seguridad son incapaces de aprehender a los jefes de esos grupos criminales»

Este viernes el defensor de DDHH y abogado Rafael Narváez aseveró que el gobierno actual no dispone de organismos de seguridad competentes para controlar y solventar situaciones como las registradas desde miércoles pasado en la Cota 905 en las que se señala a bandas lideradas por el Coqui como las causantes. También señaló que estos cuerpos de seguridad son incapaces de aprehender a los jefes de esos grupos criminales.

Narváez resiente que los más afectados son los ciudadanos de a pie quienes son las víctimas de estos enfrentamientos y que el Estado no les garantiza la seguridad.

«Es un Estado que no garantiza ningún derecho constitucional para la ciudadanía que sigue en el mayor grado de indefensión en materia de seguridad ciudadana» dijo.

El también exparlamentario denunció que el «Estado criminal» está compuesto por pranes y jefes de bandas y que han «impuesto un gobierno delincuencial paralelo» con armamento de alto alcance y tecnología de punta que solo ha ido en contra de los vecinos y las personas que hacen vida en esa zona ya que ponen en «riesgo la vida de ciudadanos inocentes que ya para tres días encerrados durmiendo debajo de sus camas con niños angustiados por el sonido de las balas y temor de balas pérdidas».

A su juicio estos grupos criminales han superado a los cuerpos de seguridad y señaló que lo único para lo que están dispuestos es a arremeter contra personas que han ejercido su derecho a la protesta.

«Estas bandas colocaron de rodillas a la estructura gubernamental, componentes militares y cuerpos de seguridad del estado que si son valientes para reprimir, detener periodistas, estudiantes, disidencia política y todo aquel que se le ha ocurrido manifestar», además señaló que los detenidos han «sido víctima de cárcel, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes».

Recriminó que los funcionarios no son valientes para enfrentar ni desarmar a la delincuencia o para garantizar la paz ciudadana, pero si «son eficientes tanto en las estaciones de servicio de gasolina y montando alcabalas fantasmas para matraquear, extorsión, despojar de bienes al ciudadano».

El coordinador por los derechos civiles expresó que el Estado tampoco garantiza el derecho la salud del pueblo y señaló que la falta de vacunas para contener el Covid-19 sigue creciendo de manera exponencial, además de los tratamientos de alto costo para pacientes crónicos.

«Colocaron una primera dosis a unos pocos con espera de la segunda, los pacientes crónicos tanto niños como adultos no han podido cumplir con su tratamiento por la crisis sanitaria colocándoles en situación de mucho riesgo».

Señaló que lo único que interesa al Estado es mantener el control de la población y afianzarse en el poder y «no mira ni siente los padecimientos del pueblo en materia de alimentación, salud, vida y seguridad ciudadana que son derechos humanos como lo establece el Art. 19 CRBV», finalizó.