Respetar la voluntad popular
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente el pueblo de Venezuela es el depositario de la soberanía sin que poder constituido alguno pueda desconocer su voluntad. Este es uno de los fundamentos básicos de cualquier sistema democrático. En la Carta Magna están claramente establecidas las características y funciones de los poderes públicos.
Lamentablemente en Venezuela se acabó el Derecho y desde la cabeza del régimen, quizás siguiendo el mal ejemplo, toda la estructura política y administrativa del Estado ha estado alejada de sus deberes y obligaciones constitucionales.
El pueblo está a la deriva. El sufrimiento crece progresivamente y también la desesperanza, la pérdida de la fe en un mañana mejor y la tendencia al escapismo probado con los millones de compatriotas migrantes hacia el mundo entero. Esto no puede ni debe continuar. La dirigencia política tenida por opositora tiene que ponerse a la cabeza de un gran movimiento de rebeldía hasta alcanzar una verdadera liberación nacional.
En una democracia lo electoral es importante, pero no es lo único y ni siquiera lo más importante. En una dictadura lo electoral es un valioso instrumento de los tiranos para mantenerse en el poder mediante el disimulo, el fraude y la conculcación de derechos fundamentales. Para derrotarla hay otros caminos e instrumentos legítimos que nadie puede cuestionar.
Lo cierto es que más del ochenta por ciento de la población rechaza a la dictadura comunistoide impuesta por el Socialismo del siglo XXI. Si Nicolás Maduro fuera un demócrata ya estaría haciendo las maletas para irse por las buenas o, al menos, negociando las condiciones de su salida del poder. No su permanencia, como se desprende de las tres condiciones que asoma para las supuestas negociaciones a iniciarse en México.
El artículo 350 de la Constitución dice textualmente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Ese mismo texto contiene otras disposiciones, como la del artículo 333 según el cual todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tiene el deber de trabajar para recuperar su efectiva vigencia.
Es claro que se trata de algo más que un derecho ciudadano. Es un deber que se nos impone. Esto nos lleva a concluir que tanto las cabezas del régimen, como buena parte del sector democrático que lo adversa, están en deuda, en mora, con relación al deber, a la obligación existente.
Si aún queda alguna duda, se están señalando caminos concretos para dejar establecida, una vez más la voluntad popular. Ahora sí pareciera tener plena justificación ir a un verdadero proceso constituyente originario para ponerle punto final al desastre, redactar una nueva Constitución y caminar hacia el progreso en libertad.
