Pablo Zambrano: Maduro se autodenomina presidente obrero, pero ha encarcelado a más de 400 trabajadores
Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase) señala al actual mandatario venezolano de tener detenidos a una gran cantidad de trabajadores y sindicalistas. «Nicolás Maduro se autodenomina presidente obrero, pero tiene en su haber más de 400 trabajadores y dirigentes sindicales detenidos».
Esta afirmación la realizó a raíz de que esta semana, el tribunal que llevaba esta causa desde hace 10 años, dictara la sentencia a Rodney Álvarez, obrero de Ferreminera del Orinoco, condenando a 15 años de prisión. «La condena… es la punta del iceberg de la reiterada persecución oficialista a los trabajadores en Venezuela».
«El colmo es la oferta de las autoridades judiciales que conmina al compañero a admitir el crimen a cambio de dejarlo en libertad. Esto es un chantaje inadmisible» criticó.
Álvarez es acusado de disparar en una asamblea de trabajadores de Ferreminera del Orinoco en 2011, pero según registros de las cámaras de seguridad y testigos presenciales, los disparos los hizo otra persona.
Según Mosbase aunque desde el mandato de Hugo Chávez las protestas y reclamos laborales han sido criminalizadas, dejando más de 50 detenciones de trabajadores que reclamaban contratos colectivos o hicieron huelgas exigiendo derechos para la masa obrera, es en la gestión de Maduro que se ha acentuado la persecución.
Señalan que la administración oficialista ha violado incesantemente las decisiones de la instancia mayor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión de Encuesta, quienes estuvieron en el país en 2019 para comprobar las denuncias hechas por los trabajadores a ese ente. Recuerda la abogada laboral Jakelyn Richter que las decisiones tomadas por la Comisión son vinculantes y deben ser cumplidas por los países.
En el informe presentado por dicha comisión, se reitera la inocencia de Álvarez y se exige la libertad de los 400 trabajadores sindicales detenidos. La abogada señala que el documento cuestiona el aparato judicial y administrativo venezolano estructurado por Chávez y Maduro, que está diseñado para penalizar la actividad sindical «Eso implica anular todas disposiciones legales prácticas administrativas por irritas».
Con información de Hispano Post
