Los que pasan por las trochas están «a la buena de Dios», afirma el director del Centro de Investigaciones Populares

Ya son seis años con el paso vehicular cerrado desde Venezuela hacia Colombia,  y desde que comenzó la pandemia,  trancaron los accesos peatonales en los tres puentes: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, pese a que hace nueve días el presidente colombiano, Iván Duque, abrió las fronteras. Caso contrario a su homólogo, Nicolás Maduro, quien se niega a ello.

De acuerdo a un reportaje publicado por La Prensa de Lara, las iniciativas que existen para salir del país son por los pasos irregulares, también conocidas como: las trochas.

El presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, afirma que existen al menos unos 500 de estos caminos irregulares: 250 en el estado Táchira, 180 en el estado Zulia y unos 120 en Apure. Tarazona asegura que estas trochas  permiten el «financiamiento» entre los grupos guerrilleros colombianos (Farc, ELN), «así como de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Gobierno», expresó a principios de año a través de su cuenta en Twitter.

En estas vías, muchas personas han visto sus vidas vulneradas, puesto que son víctimas de extorsiones, violaciones, secuestros e incluso, en riesgo de muerte bien sea por enfrentamientos entre grupos armados o por la crecida de algún río.

Como «el territorio de nadie», define las trochas el director del Centro de Investigaciones Populares, Alexander Campos.  A su juicio, quienes deciden pasar por estos caminos están «a la buena de Dios», porque durante el transitar es un infierno por los enfrentamientos, extorsiones y los negocios ilícitos que hay en esas zonas, entre esas, la trata de blancas, reseña el portal larense.

Campos afirma que todos estos caminos son peligrosos, unos más que otros, pero peligrosos todos. Señala que las trochas más violentas son las del estado Zulia, mientras que por las del estado Táchira hay mayor tránsito de personas. Pero en el caso de la región zuliana, refiere que «se registran agresiones directas contra los emigrantes. Estas trochas las controla la etnia Guajira que impone su ley», expresó.

Por otra parte, los ciudadanos deben pagarles a las personas que dominan estas vías, así como también a funcionarios del Estado en diferentes puntos de control. De acuerdo al portal, el monto a cancelar, dependerá del lugar por donde transiten los peatones, cantidad, de equipaje, así como también dependerá de los factores naturales: el tiempo y corriente de ríos. «El pago puede oscilar entre dos mil pesos (50 centavos de dólar) hasta 10 mil pesos colombianos (2,6 dólares). Si la cantidad de mercancía que pasan es muy pesada les pueden llegar a cobrar de 50 a 100 dólares por persona», destaca el medio.

Los trocheros

En las zonas fronterizas varias personas se han dado a la tarea de trabajar como “trocheros”, una forma en como han buscado de ganarse la vida, ayudando a otros a cruzar los espinosos caminos, en especial a aquellos que tengan algún tipo de impedimento físico, o adultos mayores que se les podría hacer complicado cruzar y que no lo pueden hacer a través del canal humanitario por el puente Simón Bolívar. Sin embargo, no cualquier persona puede “trabajar” como trochero porque «el ingreso a este ambiente no es tan fácil».

«Estuve una semana en Venezuela ya que con el cierre de frontera tuve que regresarme rápido en medio de los paracos, la guerrilla, la GNB y la Policía Nacional, pude entrar a Colombia por trocha. Es una experiencia horrible, caótica, como un expresidiario, escapando de la guerra», expresó un ciudadano.

«Pasar por una «trocha» entre Venezuela y Colombia para pasar una frontera cerrada mientras la guerrilla te ordena y vigila, es una experiencia que de verdad no recomiendo», manifestó otra.