Libertad de expresión y periodismo
Era el 27 de junio de 1818, en Angostura (hoy Ciudad Bolívar). Simón Bolívar funda El Correo del Orinoco con el objeto de informar y de difundir las ideas independentistas de Venezuela, y de contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas, al servicio de la monarquía española. Desde su primera salida, la publicación tenía el lema “somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”. El Libertador consideraba que la imprenta era “la artillería del pensamiento”, y, por eso, un año antes, en 1817, le había escrito a Fernando Peñalver, que se encontraba en Trinidad, “mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos”.
Era la medianoche del 10 de diciembre de 1948. París dormía. En lo alto de la colina del Trocadero, en el palacio Chaillot, se celebraba la tercera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 48 votos, con ocho abstenciones, ningún voto en contra, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El artículo 19 de la Declaración, reza asÍ: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Pasa el tiempo, desde el año 1965 nuestro país, en homenaje y conmemoración de la primera edición del Correo del Orinoco, celebra la fecha del 27 de junio como la del Día Nacional del Periodista, ratificada en 1994 por la Ley del Ejercicio del Periodismo. La Constitución vigente, la del año 1999, establece en sus artículos 57 y 58, respectivamente, los derechos a la libre expresión y a la información, pero el ejercicio del periodismo, más allá de su fundamento constitucional, está sometido y regulado por instrumentos legales (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, etc,) que tienen más bien un carácter punitivo, antes que estar dirigidos a garantizarlo y protegerlo. Habría que acotar, además, según el artículo 23 de la Constitución, que por encima de esos instrumentos legales, deberían prevalecer en el orden interno los tratados, pactos y convenciones, suscritos y ratificados por Venezuela, cuyas normas sean más favorables para el goce y ejercicio de los derechos humanos.
De ahí que Marcelino Bisbal, especialista en el tema, se haga esta pregunta: “¿Qué podemos celebrar en este 2021 cuando el acoso a las comunicaciones a través de instrumentos legales bajo la figura de ley, sin enumerar los decretos y las resoluciones que se van formulando al paso de los acontecimientos, hacen del ejercicio del periodismo, de la libre expresión y del trabajo de los medios, una tarea casi imposible de cumplir?”(1).
Desde hace 22 años el chavomadurismo / maduchavismo tizna sus manos con las cenizas de la democracia y del Estado de Derecho y, por eso, no existen la libertad de expresión, el derecho a la información y el libre ejercicio periodístico. A este respecto, permítaseme otra cita, in extenso, de Bisbal: “Así se puede comprender cómo el proceso político que gobierna y somete al país se ha dado a la tarea de desmontar, de asaltar al sistema comunicativo que nos era conocido hasta 1999 e implantar un nuevo paisaje comunicacional y un nuevo orden comunicacional como ha pregonado el régimen. El sector comunicacional del presente se caracteriza por: fuerte intervención estatal; hegemonía en el discurso; exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto; legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación/información; eliminación de la disidencia comunicacional; cierre de fuentes informativas; límites al acceso de la información pública; generación de mecanismos de censura y autocensura; intimidación y agresión a medios críticos y periodistas; trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como el papel periódico y equipos; convertir a Conatel en un apéndice político del Gobierno; cierre y expropiación de medios y de portales digitales de información; judicialización de la censura; y un largo etcétera” (2).
La ONG Espacio Público documentó de enero a mayo de este año 2021 unas 189 violaciones a la libertad de expresión, alrededor de una por día. La Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, recordó, con motivo del Día del Periodista, que “desde la llegada de Hugo Chávez hasta la fecha, en Venezuela han acabado con 66 diarios que salieron de circulación, canales se han autocensurado y otros emblemáticos como RCTV cerraron sus puertas” y que “en 2020 el IPYS Venezuela (Instituto Prensa Y Sociedad de Venezuela) “registró 325 atropellos del régimen contra trabajadores de la prensa”. El mismo YPYS Venezuela ha sentenciado que “la violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado”.
Esa ha sido, en síntesis, la oscura cronología de las felonías cometidas, por los nuevos bárbaros que desde hace más de cuatro lustros detentan el poder en Venezuela, contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Al basurero de la Historia han mandado los principios que inspiraron tanto al Correo del Orinoco de 1818 como a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.
Notas
1- Marcelino Bisbal. 27-06-2021. Prodavinci.
2- Idem.
