HRW: Policía colombiana mató a unos 16 manifestantes con municiones letales

En un nuevo informe publicado este miércoles 9 de junio la organización no gubernamental Humans Rights Watch ha denunciado los atropellos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Colombia en contra de los miles de manifestantes que todavía continúan en las calles de la nación cafetalera.

Acota el informe que la ONG ha sido receptora de múltiples denuncias del uso criminal de la fuerza y que en entrevistas hechas a más de 150 personas en 25 ciudades, que incluyen víctimas, familiares de víctimas, abogados, testigos presenciales e incluso funcionarios de la Defensoría del Pueblo así como algunos defensores de derechos humanos, y algunas destacan por excesivos abusos, algunos tildados de «gravísimos», en la manera de dispersar las manifestaciones usando armas potencialmente letales.

La organización ha documentado numerosas muertes cometidas por agentes policiales, golpizas violentas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias, incluso a personas que solamente pasaban por el lugar sin participar en las protestas.

«Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía de Colombia no son incidentes aislados de agentes indiscriminados, sino el resultado de fallas estructurales profundas» acotó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Rights Watch, que instó al gobierno neogranadino a tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos, entre la que resalta llevar ante la justicia verdadera a los culpables de esos crímenes así como realizar una reforma seria en la institución policial, para garantizar que los agentes del orden público respeten el derecho de manifestación pacífica.

«Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las fuerzas militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes» resaltó Vivanco.

«La Policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas» describe el informe.

«Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos y cuyos miembros rindan cuenta por los abusos cometidos», dijo HRW.

Las protestas que en su mayoría han sido pacíficas, aunque algunos individuos han cometido delitos graves (como ataque a policías, quema de estaciones policiales, entre otros), comenzaron el 28 de abril contra la propuesta de reforma tributaria del gobierno, días después la administración nacional retiró el proyecto pero las manifestaciones siguieron su curso por diferentes motivos, como la pobreza, violencia policial, desigualdad económica, falta de servicios público y desempleo y han sido dispersadas de manera brutal y arbitraria, usando métodos violentos e incluso la fuerza excesiva y en varios casos mortal.

HRW constató los abusos cometidos a través de registros médicos y policiales, informes de necropsias, más de 50 videos publicados en redes sociales, información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Defensa y de Interior. También obtuvo evidencia de que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con arma de fuego, en la mayoría de estos casos las heridas fueron en tórax y cabeza , lo que aseguraron las autoridades judiciales «es consistente con que hayan sido causadas con intención de matar». Otros nueve sufrieron heridas en los ojos, lo que podría incluir la pérdida de la visión en al menos dos de ellos.

Según datos obtenidos del Ministerio de Defensa, al menos 1.000 personas han sufrido lesiones desde el inicio de las protestas, aunque estiman sean más porque muchas no han sido denunciadas. Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que se encontraban cubriendo las manifestaciones, incluso muchos estaban identificados con chalecos de las organizaciones o medios de comunicación o prensa.

Entre las denuncias creíbles recibidas a través de organizaciones locales se encuentran 68 muertes que la ONG documentó individualmente y obteniendo evidencias de primera mano «hasta ahora hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos» describe el informe.

«Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo los realizados por hombres armados vestidos de civil que atacaron a manifestantes… También deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares» señala HRW-

La Defensoria del Pueblo tiene entre sus denuncias la de 2 casos de violación sexual, 14 de agresión sexual y alrededor de 71 xasos por violencia de género. HRW documentó otros dos casos de violencia sexual así como 17 golpizas violentas hechas por la policia usando incluso bastones.

También se tiene informe de al menos 419 desapariciones en el contexto de las manifestaciones, aunque la Fiscalía asegura que ya habrían localizado 304 de ellas.

Por los actos de violencia cometidos contra los agentes policiales y las trancas y obstaculización de vías, refirió Vivanco que «La violencia contra los policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial».

El informe también hace referencia al despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que ha sido acusado en varias oportunidades de abuso de la violencia desmedida para dispersar las manifestaciones. La organización ha documentado varios casos donde se acusa a agentes de este escuadrón en los que refieren abusos indiscriminados en contra de los principios internacionales de proteger las reuniones pacíficas y no terminarlas violentamente y en los que se ha constatado la aplicación indiscriminado de la fuerza incluyendo el uso de armas letales. Esto ha sido negado por las autoridades colombianas.

El informe presenta casos documentados por la organización, de por lo menos seis víctimas mortales por arma de fuego y tres por presunto impacto con cartuchos de gas lacrimógeno. También presenta casos de golpizas en detenciones y dos por violencia de género.

Finaliza el informe haciendo algunas recomendaciones al presidente Iván Duque y al director de la Policía Nacional, entre las que destacan condenar en «forma inequívoca» las violaciones de derechos humanos, presentar una disculpa en nombre del gobierno colombiano, por los abusos policiales cometidos, asegurar que la policía y el ESMAD proteja y no disperse las manifestaciones y que prioricen mecanismos no violentos en las acciones para levantar los bloqueos, investigar con premura las denuncias de abusos policiales. También conmina a llevar a cabo una revisión de los protocolos, prácticas y equipos de las fuerzas policiales así como dar capacitación a los agentes sobre control de manifestaciones civiles pacíficas.

Las recomendaciones también incluyen algunas para el Congreso de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para que repudien, investiguen, condenen, los abusos y la violencia represiva, así como que se coloquen del lado de la justicia, los ciudadanos y el derecho a la manifestación ciudadana pacífica.