Detalles de la transición en Venezuela (y II)

La transición no es cosa de juegos aunque es la Teoría de Juegos, en particular la formulada por Ariel Rubinsteien la que nos ubica en escenarios que hacen posible visualizar las posibilidades o alternativas de transición en Venezuela o cualquier otro país como Siria. Ojo, esa teoría no hace posible la transición. Sólo facilita el análisis que nos permite ver dónde estamos parados: camino a una transición democrática o a la autocratización.

Según la teoría aludida Venezuela está en un escenario de autocratización. Deberíamos ir a un proceso de democratización, pero no es así, por más que nos quieran hacer ver que las venideras elecciones conducen a ello. Y eso lo saben oficialistas y opositores, inmersos o no en el juego electoral que vendría a consolidar el gobierno que tenemos.

En términos coloquiales, la autocratización es el proceso inverso a la democratización. Vale decir, es un proceso que limita o cancela el ejercicio de derechos y libertades. ¿Quién puede negar que ese es el escenario en el que estamos? Lo que sí se pudiese negar es que ese proceso de autocratización logrará consolidarse del todo. Y es que existen opciones para revertir ese proceso, por ejemplo, si la dirigencia opositora toma las decisiones acertadas en ese sentido.

“Democratización es el resultado de incrementar el costo de la opresión al tiempo que se reduce el de la tolerancia.” Robert Dhal al decir esto nos adentra en la Teoría de Juegos, la cual tiene dos grandes vértices, a saber: las variables represión (opresión) y tolerancia. Precisamente, el escenario ideal para que se dé una transición democrática es aquel donde los costos de represión son elevados y los de tolerancia bajos.

Parece una contradicción, pero no lo es. Veamos. El lunes 21 del presente mes, John Magdaleno a propósito del tema eleccionario, subrayó: “ir a elecciones esperando que el autoritarismo te reconozca el triunfo, sin procurar elevar los costos de represión, no funcionará. Ahora, ir a elecciones para precipitar una crisis política, es otra cosa.”

Ese planteamiento fue mal interpretado por muchos ciudadanos, entre ellos Julio Jiménez Gédler (@Juliococo), que increpó a Magdaleno en estos términos: “¿Entiende usted que `elevar los costos de represión´ es usarnos como carne de cañón de nuevo bajo un liderazgo que siempre se rinde al final? Si lo entiende, dígalo claro: Necesitamos más muertos por represión para negociar mejor. ¡DILO!”. (Mayúsculas en el texto)

Obviamente, en eso no consiste elevar los costos de represión. Al contrario, estimado Julio. En el trabajo de la doctora Tamara Sujú ante la Corte Penal Internacional (CPI) tenemos un buen ejemplo del sentido de ese postulado, demostrado por el Fiscal General de la República en funciones afanado en desvirtuar las graves denuncias que forman parte del Caso Venezuela ante esa instancia judicial internacional.

Elevar los costos de represión implica cosas como estas: que a todos en el alto gobierno, particularmente en las estructuras de mando de las fuerzas militares y policiales, un friíto les recorra la espalda desde antes que Fatou Bensouda dejara la CPI, más aún después que Karim Khan asumió como nuevo fiscal y lamentó que hasta ahora el tribunal haya pronunciado “tan pocas” condenas.

El lamento de Khan adquiere connotaciones dramáticas en quienes no quieren verse en el banquillo de los acusados en tribunales penales internacionales y en ese sentido, a lo interno, sobran los ejemplos de quienes ahora lo pensaran mejor a la hora de reprimir. De eso se trata, lograr que los actos represivos representen graves consecuencias para el gobierno. Que lo pongan en el dilema de reprimir o facilitar la transición.

En una caricatura de Fernando Pinilla se lee: “SIN LUZ, SIN AGUA, SIN GAS, SIN GASOLINA NI GASOIL. LO ÚNICO QUE HAY ES… REVOLUCIÓN”. A lo que se podría agregar: y nadie sale a protestar porque los costos de represión para el gobierno son bajos. De hecho, en estos momentos prácticamente no tiene necesidad de reprimir, las protestas han desaparecido.

Lo anterior coloca al régimen ante una de menor necesidad de imponerse por la fuerza y de ejercer la represión. En cambio, asegura el profesor Benigno Alarcón:

“En la medida que se incrementa el repudio hacia las prácticas represivas mayores serán los costos para reprimir y mantener la gobernabilidad por la fuerza.”

Por tanto, la idea es comprometer la viabilidad del gobierno, haciéndole costoso mantenerse en el poder por la fuerza, lo cual implica perdida de legitimidad, justo lo que se aspira reforzar con las venideras elecciones. En ese sentido, Alarcón coincide con Magdaleno al señalar:

“Mientras mayores sean los retos internos y externos del régimen, mayor será la probabilidad de empujar a la élite gobernante hacia una actitud defensiva o de negociación, dependiendo de sus costos de tolerancia a un escenario potencial de pérdida del poder”.