Rafael Narváez: Pudiéramos presenciar el primer gobierno de Latinoamérica investigado por la CPI

El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, sugirió este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera estar próximo a ser el primero de Latinoamérica en ser investigado por la Corte Penal Internacional, que “en pocos días” emitirá un informe sobre el caso Venezuela.

“Pudiéramos estar en presencia por primera vez en Latinoamérica del inicio de una investigación penal contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país”, dijo. “La CPI a diferencia del sistema interamericano de los derechos humanos no sanciona penalmente al Estado, sino que individualiza la responsabilidad penal sin privilegios ni arrepentimientos, abarcando a jefe de Estado, militares de alto rango, jefes de cuerpos de seguridad del Estado, tanto actores materiales como aquellos que dieron la orden”.

“El brazo largo de la CPI no tiene límites para alcanzar a los responsables”, dice Narváez.

A juicio del exparlamentario, el Estado “anda sumamente nervioso” por lo que la fiscal Fatou Bensouda (quien está de salida), vaya decir sobre el tema de los DDHH; recordando también que la misión independiente de determinación de hechos de la ONU ha establecido en sus informes que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Tal misión, dice, “hace esfuerzos por dar entender a la CPI que ahora sí se va a hacer justicia, olvidando que estos crímenes horrendos no prescriben”.

“Este informe pudiera darse por parte de la Fiscal saliente en pocos días antes de la entrega formal al nuevo fiscal Karin Kan, experto en materia penal internacional, con una larga trayectoria, quien asumirá el cargo”, agregó.

Acto de desesperación

Por su parte, Rafael Narváez habló de la orden de mover a los presos políticos a cárceles comunes. A su modo de ver, es un “acto de desesperación” por parte del Estado.

Esta semana, se emitió un decreto donde ordena al Dgcim y al Sebin en un plazo de 30 días transferir la custodia al sistema penitenciario y proceder al traslado de los presos políticos de estos centros.

La intención, afirma Narváez, es maquillar las “actuaciones reprochables e inhumanas de estos cuerpos que siguen siendo señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”.

“El Estado tiene conocimiento que el sistema carcelario de nuestro país es un Estado paralelo que tiene su propio gobierno independiente, dirigido por los pranes internamente en conexión externa con las bandas criminales y eso es sumamente peligroso para la vida de los presos políticos2, sugirió.

No dejó de acusar al Estado de ser el “responsable de la aniquilación y en el entierro definitivo de los derechos humanos en Venezuela”, al recordar que “ya no hay derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución y pactos internacionales que pueda seguir vulnerando”.