Maduro sigue acusando a ONGs de «vende patrias» y mentirosas, según el CDJ
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 115 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2021 en Venezuela. Indicó que la Administración de Maduro incrementó las acusaciones contra ONGs al señalarlas de «vende patrias» y «mentirosas».
En su último informe, el CDJ advirtió que sigue aumentando el número de violaciones al derecho a la defensa y exigencia de DDHH en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático, lo que agrava aún más la emergencia humanitaria compleja.
El centro alertó que se incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de DDHH en el país.
Los 115 hechos registrados durante el mes de abril se caracterizaron por: estigmatización (95 casos), amenazas (6 casos), ataques digitales (6 casos); intimidación y hostigamiento (4 casos); detención arbitraria (2 casos); judicialización y otros.
El entorno para la defensa de los DDHH se vuelve cada vez más «hostil y restrictivo». Las ONG siguen siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población.
Aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.
La Administración de Maduro avanza respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional. En este sentido, el CDJ exhorta al Estado a «cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de DDHH».
Además, se registró un aumento de la reducción del Espacio Cívico y Democrático, ya que el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las ONG, «bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal».