El Ministerio Público (MP) no ha tenido empacho en dar un giro de 180 grados en sonados casos de violaciones a los derechos humanos, en lo que parece ser una maniobra para hacer ver que se están procesando a los presuntos culpables de esas violaciones y así evitar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal por crímenes de lesa humanidad, contra altos funcionarios venezolanos.
Lo anterior no es un hecho aislado sino que se enmarca dentro de una estrategia global del oficialismo por presentar una imagen de colaboración con la CPI. Entre los elementos que sustentan esta afirmación están los siguientes hechos: nombramiento de Gladys Gutiérrez como nueva embajadora ante la Corte; publicación del decreto de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ente en cuya estructura están las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), tan cuestionadas por diversos órganos internacionales de derechos humanos; y lectura de un comunicado por el fiscal general Tarek William Saab en una rueda de prensa el pasado 1° de mayo, en el que indicó que había enviado el día anterior un tercer grupo de documentación a la Fiscalía de la CPI informándole sobre el estado de los casos sobre los que esta formuló algunos requerimientos.
Saab se refirió al caso del concejal Fernando Albán, de quien en el pasado afirmó que se había suicidado estando bajo custodia; ahora aclaró que fue objeto de un homicidio culposo por sus custodios el 5 de octubre de 2018. Lo expuesto no debe sorprender, pues forma parte de un engranaje para demostrar que en Venezuela se sanciona a los violadores de derechos humanos y se colabora con la Fiscalía de la CPI, lo cual es su obligación en virtud del Estatuto de Roma.
Sobre el caso de Albán, el funcionario dijo que «En su momento (el Ministerio Público) les imputó a los funcionarios implicados en este lamentable hecho el delito de quebrantamiento de normas de custodia». Sin embargo, después decidió rectificar y «solicitó la nulidad, por observar la violación de garantías fundamentales», así como una «orden de aprehensión contra los dos funcionarios que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del delito».
Esta declaración es diametralmente opuesta con lo que dijo el fiscal cinco días después del deceso de Albán, en una rueda de prensa en la que calificó de «montajes» y «medias verdades» a quienes sostenían que la muerte del opositor había sido provocada por sus captores:
«En horas del mediodía, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Él aprovecha esa circunstancia y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en Plaza Venezuela y se lanza al vacío».
También hubo un cambio en el caso del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete. «Este joven falleció al recibir un impacto con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de doce funcionarios (de la Guardia Nacional) por el delito de homicidio preterintencional con grado de complicidad correspectiva», dijo Saab, obviando que esto ya había sido demostrado por el MP durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.
«Él fue impactado por un objeto como este. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena», dijo la ahora fiscal general en el exilio, menos de un mes después del deceso del joven.
Sin embargo, Saab no validó esa tesis. Así lo admitió el mismo en septiembre de 2017. ¿La razón? Porque la consideraba dudosa. «Descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero eso es sumamente grave», dijo en una entrevista a la agencia Efe. Casi cuatro años después parece reconocer que su antecesora tenía razón.
Aun así, los cambios de calificaciones de delitos no son suficientes para afirmar que en Venezuela hay justicia; además, en ninguno de esos casos se hace responsable a los mandos superiores sobre esos crímenes, como exige el Estatuto de Roma.
¿Por qué ahora?
Como indicamos, estos anuncios del Ministerio Público no son gratuitos. Al respecto, Ortega Díaz afirmó lo siguiente:
«Reconocer las violaciones a los derechos humanos en los asesinatos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no busca hacer justicia, sino eximir a los máximos responsables señalados en el examen preliminar ante la CPI. Esto es una muestra de temor porque saben que serán juzgados».
Estas sospechas fueron corroboradas por el propio Saab, quien el pasado 1° de mayo afirmó:
«Hay que recordar que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que pueden ser de su competencia no han sido investigados, por el sistema de justicia de un Estado parte».
Según el fiscal, con el solo hecho de investigar un caso se impediría la acción de la CPI, pero ello no es así, pues el Estatuto de Roma determina en su artículo 17, numeral 2, que debe establecerse si tales investigaciones no se hacen bajo los siguientes supuestos, a saber: que la decisión judicial, de ser el caso, no se haya tomado, para sustraer al responsable de la acción de la justicia; que la investigación sufra una demora injustificada; o que el proceso no se haya sustanciado de una manera independiente e imparcial.
Es evidente que todos los supuestos antes descritos se aplican al caso venezolano, donde no se investiga ni a los máximos responsables ni a la cadena de mando, donde los juicios duran una eternidad y se califican de manera incorrecta delitos para favorecer a los responsables.
De ahí entonces que el fiscal afirmase que «ha quedado claro nuestro compromiso a investigar» las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en el país, dejando entrever que el juzgado de La Haya no tiene por qué inmiscuirse. Y como prueba de ese compromiso aseguró que en los tres años y ocho meses que tiene en el MP 1.064 funcionarios y 136 civiles han sido acusados de violar derechos humanos, 540 funcionarios y 30 particulares han sido aprehendidos y se han logrado 133 condenas. Compárense estas cifras con los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren cotidianamente en el país. A título de ejemplo, Provea denunció que solo en 2020 hubo 2.853 ejecuciones extrajudiciales en el país. ¿Hay o no impunidad?
El origen de los cambios sobre lo ocurrido en los casos mencionados parece ser que la Fiscalía de la CPI debe anunciar en breve si los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 y que fueron denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales y por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros, serán llevados ante la Corte. De hecho, en noviembre pasado, el despacho de la jurista ghanesa Fatou Bensouda, dijo tener «una base razonable» para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Las maniobras de Saab no deberían repercutir en la decisión del tribunal internacional. ¿La razón? Las acciones del MP se han circunscrito a funcionarios de bajo nivel, a pesar de que la Misión de Determinación de Hechos constató que algunas de estas prácticas no se han podido cometer sin el conocimiento y la anuencia de los altos cargos.
El organismo señaló lo siguiente en su informe, publicado en septiembre de 2020:
«La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión».
En ese sentido, el artículo 28 del Estatuto de Roma señala:
«Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas».
Hablan las familias de las víctimas
El giro de Saab no fue bien recibido por los familiares de Albán, Pernalete ni del capitán Rafael Acosta Arévalo, otro caso en el que las autoridades se han desdicho de su posición original para admitir que fue una víctima de violaciones a los derechos humanos.
En un duro comunicado, los familiares del concejal Albán señalaron lo siguiente:
«Este 1 de mayo de 2021, Saab, cómplice y encubridor de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán, presentó en rueda de prensa nueva información sobre el caso; con la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional; haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán y otras víctimas de la dictadura».
Acusaron además al Ministerio Público de montar «un show mediático».
En términos similares se pronunciaron los padres de Juan Pablo Pernalete, quienes fustigaron los delitos imputados a los militares que habrían participado en la muerte de su hijo. Elvira de Pernalete, madre del estudiante, añadió:
«Hablan de complicidad, como si a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto, en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil, en el marco de la criminalización de las protestas».
Por su parte, la Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas Antigubernamentales de 2017 (Alfavic) reclamó de las autoridades una investigación seria y transparente de las más de 100 muertes registradas durante la ola de manifestaciones ocurridas en el país tras las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anularon a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El giro de Saab parece ser otra demostración de cómo la justicia venezolana no es independiente y en lugar de proteger a los ciudadanos y repararles los daños cometidos por el Estado, sobre todo a las víctimas de crímenes atroces, actúa en función de velar por los gobernantes de turno. Pareciera que solamente busca evitar que funcionarios nacionales se conviertan en los primeros latinoamericanos en tener que rendir cuentas ante la CPI, organismo creado para castigar graves violaciones a los derechos humanos como el genocidio, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución.
La admisión de que Albán y Pernalete murieron por culpa de la actuación ilegal de funcionarios y de que los presuntos responsables serán castigados –aunque esto todavía no ocurre, pues en ningún caso existe una sentencia condenatoria– es un gesto importante pero insuficiente, porque no se trata de hechos aislados.
En Venezuela, desde hace años el Estado ejerce una política de ataque sistemático contra la población, en especial aquella que se opone al Gobierno, tal y como lo han denunciado organizaciones nacionales e internacionales. Esta situación deja en claro que hay otros responsables de estos crímenes que también deben terminar en el banquillo de los acusados.
