Collage número 64 sobre Rómulo Betancourt

(Actividades del fundador de AD entre 1973 y 1981)

El Gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, a través del Ministro de Minas e Hidrocarburos, introdujo en la Cámara de Diputados, el 11 de marzo de 1975, el proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, popularmente conocida como Ley de Nacionalización Petrolera.

Antes de referirme al debate dado en la Cámara de Diputados, y, posteriormente, en el Senado, donde, en su calidad de Senador Vitalicio, Rómulo Betancourt pronunció un discurso que analizaremos detenidamente en su momento y en el que testimonia, una vez más, su preocupación y conocimiento del tema petrolero, haré algunos comentarios sobre la aparición del petróleo y su impacto y trascendencia en la vida nacional.

El 31 de julio de 1914 el pozo Zumaque I, explotado por una empresa transnacional en el campo Mene Grande del Zulia, comienza a producir petróleo en volúmenes de importancia comercial, que dejó sólo como un recuerdo la experiencia de Petrolia del Táchira, la primera empresa venezolana de modestísimas operaciones que atendía, básicamente, el consumo de kerosén de los pueblos andinos. El 14 de diciembre de 1922, con el famoso reventón del pozo Los Barrosos 2 en el campo La Rosa aledaño a Cabimas, se impulsa decisivamente la explotación petrolera en el país: para 1925 el petróleo supera al café como principal producto de exportación, y para 1928 Venezuela se convierte en el primer país exportador de petróleo y en el segundo productor, después de Estados unidos.

Es conocida la dedicación de Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, al estudio del tema petrolero. Cuando inició su primer exilio en Curazao en 1928 expresó que “veía llegar buques atiborrados de petróleo crudo que había de refinarse en el extranjero por venezolanos que emigraban del país, aunque bien hubieran podido realizar aquello en su tierra” y confiesa que “descubrí en Curazao que no sólo debíamos afrontar la lucha contra el despotismo, sino también un problema crucial para Venezuela: el petróleo”. En el Plan de Barranquilla, escrito por Betancourt en 1931, se denuncia que “la Standard Oil, la Royal Dutch, el Royal Bank, cuatro o cinco compañías más con capitales integrados en su totalidad en dólares o libras esterlinas, controlan casi toda la economía nacional”.

Cuando el PDN (Partido Democrático Nacional) clandestino (1937-1940), cuya Tesis Política ratifica la posición antiimperialista, se legaliza en 1941 con el nombre de Acción Democrática, prosigue, desde la oposición o en el ejercicio del poder, la defensa y ejecución de una política petrolera nacionalista.

Hitos relevantes de la historia de esa política son la decisión de “no más concesiones; el famoso 50-50 o fifty-fifty de las utilidades petroleras decretado en 1945 por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Betancourt, y luego establecido por Ley bajo el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos; la creación de la OPEP el 14 de septiembre de 1960 (“la iniciativa de Betancourt y Pérez Alfonzo adquiere una relevancia histórica que es imposible minimizar, puesto que ella implicaba, en los hechos, un desafío ala hegemonía norteamericana”, escribió Teodoro Petkoff en uno de sus libros), y, por último, la nacionalización petrolera de 1976 bajo el gobierno de Acción Democrática presidido por Carlos Andrés Pérez.

La nacionalización de la industria petrolera tuvo que esperar la coyuntura histórica propicia, nacional e internacional, para poder realizarse. En su obra “Venezuela, política y petróleo”, cuya primera edición se publicó en 1956, Rómulo Betancourt ya había dicho que “el desiderátum para Venezuela y la aspiración última de todos los patriotas venezolanos, sería la nacionalización de la industria… pueblo que no manipula, siquiera en parte, sus riquezas naturales y permite que indefinidamente se exploten con capitales y comando administrativo extranjeros, enfrenta el riesgo de adquirir una deformada mentalidad colonial” (1).

La discusión parlamentaria del Proyecto de Ley. Al presentar el Proyecto de Ley al Congreso, el Presidente Pérez expresó: “…Me refiero al artículo 5°, donde se establece la posibilidad de que los entes estatales, con la previa autorización del Congreso, puedan ir más allá de los convenios operativos con entidades privadas cuando así convenga al interés público. No se me escapó, ni se me escapa que esta alternativa causará ardorosa controversia. Pero no puedo hacerme concesiones ni cálculos medrosos en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades”.

La primera discusión del Proyecto de Ley se inició en la Cámara de Diputados el día 5 de junio de 1975. Hablé en nombre de Acción Democrática –yo era el Secretario General del partido- y manifesté: “…Venimos a asumir el supremo derecho, consagrado en la Constitución Nacional y en la Carta de las Naciones Unidas, de ejercer soberanía plenaria sobre nuestro recurso natural más importante. Venimos a realizarnos definitivamente como pueblo libre e independiente. Venimos a decirle a los centros imperiales del mundo que el régimen neocolonial de concesiones de hidrocarburos va a desaparecer para siempre en Venezuela dentro de unos días”.

Durante mi intervención me referí al artículo 5° del Proyecto de Ley, y señalé que sólo por vía excepcional y si así lo demanda el interés nacional, el Estado podrá celebrar convenios de asociación con entes privados, además de requerirse la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, con las condiciones limitantes que el propio artículo 5° establece: “…con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada”. Los representantes de los partidos de oposición estuvieron en desacuerdo con el artículo 5°.

Una vez aprobado en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley pasó, el 30 de julio de 1975, al Senado, donde intervinieron, en sus condiciones de Senadores Vitalicios, los ex-presidentes Betancourt y Caldera.

El 6 de agosto se efectuó la intervención del ex-presidente Betancourt. En su discurso, hizo una extensa y detallada exposición sobre la historia de la explotación petrolera en el país, de las leyes petroleras, de la lucha entre las compañías petroleras para obtener concesiones, que se acentuó después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, y destacó la posición nacionalista de Gumersindo Torres.

En relación a éste, señaló: “En 1930, acaso por uno de esos extraños caprichos suyos, Gómez llevó de nuevo a Gumersindo Torres al Ministerio de Fomento (al que se atribuía entonces lo relacionado con los hidrocarburos, nota nuestra). Ahí siguió insistiendo, con admirable terquedad, en la defensa de los mejores intereses del país. Creó ese organismo incipiente, técnico, para controlar los mecanismos de la industria al cual se refirió en su discurso el ex-Presidente Caldera. Envió en 1930 un memorándum histórico a las compañías petroleras. En ese memorándum condenaba la importación incontrolada de toda clase de productos que hacían las compañías por los puertos de la República, y citó unas cifras memorables. En los siete años precedentes, las exoneraciones de aduana habían alcanzado a doscientos diecinueve millones de bolívares; y el Fisco por impuestos sobre la industria de hidrocarburos apenas obtuvo ciento ochenta y siete millones de bolívares. De allí la frase histórica inolvidable con que Gumersindo Torres terminó ese memorándum: ‘las compañías se llevan el petróleo y el gobierno les paga para que se lo lleven’ “(2).

Eso explica por qué cuando en 1947 muere Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt, que era el Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se presentó con sus ayudantes militares a la casa donde se velaban sus restos y estuvo más de una hora cerca de su ataúd, para sorpresa de todos los presentes, la mayoría de ellos supervivientes físicos del gomecismo.

En la continuación de su discurso, el ex-presidente Betancourt hizo esta importante observación: “El petróleo, aún la parte insuficiente que entonces percibía el Fisco, si se hubiera convertido en riqueza instrumental habría servido para que crecieran coetáneamente la industria minera extractiva, y la agricultura, la cría, la sanidad y la cultura”.

Recordó que en el trienio 1945-1948 se logró una mayor participación del país en los beneficios de la industria y se firmó el primer contrato colectivo entre el Estado y los trabajadores del petróleo; y que en 1960 se creó la OPEP. Apoyó el artículo 5° del Proyecto de Ley, retengamos su reflexión: “Ha habido real consenso parlamentario y me atrevo a decir que nacional sobre la toma de control por el Estado de la producción y comercialización del petróleo. La controversia ha girado en el Congreso en torno de ese artículo 5° del Proyecto de Ley. Voy a decir que respaldo a plenitud ese artículo 5°, el cual no establece sino dos posibilidades: la posibilidad de contratos operacionales de la casa matriz que va a administrar toda la industria; o de contratos de asociación, que no podría hacerlos el Ejecutivo sin el apoyo del Congreso, reunido en sesión conjunta de las dos Cámaras…Puede presentarse la coyuntura en que sea favorable y necesario para los intereses del país un convenio de asociación” (4). Concluyó su intervención afirmando que se está a punto de dar “un paso histórico trascendental”.

El 21 de agosto de 1975 el Parlamento sancionó la Ley; el 29 de agosto el Presidente de la República la promulgó en solemne acto celebrado en el Salón Elíptico del Capitolio Federal; y el mismo 29 de agosto se publicó en la Gaceta Ofiicial.

La Vigésima Convención Nacional de Acción Democrática. Esa Convención se reunió en Caracas del 17 al 20 de julio de 1975. Una de las tareas de la Convención era elegir el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido. Cuando el compañero Octavio Lepage fue nombrado Ministro de Relaciones Interiores, yo había pasado a ocupar la Secretaría General. En una reunión del CEN, el ex-Presidente Betancourt había planteado la conveniencia de que la Convención eligiese al compañero Luis Piñerúa Ordaz para la Secretaría General, y sugirió que yo no presentara mi candidatura. Ramón J, Velásquez hace el siguiente comentario: “Frente a las aspiraciones presidenciales de Piñerúa Ordaz, se constituyó una alianza de dirigentes para apoyar la candidatura de Canache Mata como Secretario General en busca de un factor de equilibrio en el futuro proceso electoral” (5).

Efectivamente, en la ya citada reunión del CEN, expresé que la candidatura para que yo continuara en la Secretaría General había sido lanzada por una mayoría de los miembros de la Dirección Nacional, a quienes exhorté para que hablaran y manifestaran si seguían manteniendo su posición, así lo hicieron y ratificaron la postulación que habían hecho. Al celebrarse la Convención, de los 743 delegados, 485 votaron por el compañero Piñerúa y 250 por mí. Días después, en un restaurante del Este, los 25 Secretarios Generales Seccionales del Partido, con la asistencia del compañero fundador Rómulo Betancourt, me ofrecieron un almuerzo, y en mis palabras de agradecimiento por el agasajo, de nuevo le dije al compañero Piñerúa, también presente, que contara con mi afecto y con mi solidaridad en el cumplimiento de la responsabilidad partidista que se le había entregado.

El próximo Collage será el último, y en él me referiré a la gran pérdida que significó la desaparición física del Padre de la Democracia venezolana.

Notas

1-Rómulo Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica. México 1956. Pág. 717-718.

2-Rómulo Betancourt. ”Venezuela Dueña de su Petróleo”. Discurso en el Senado de la República. Catalá/Centauro/Editores Caracas/Venezuela 1975. Pág. 22-23.

3-Rómulo Betancourt. Discurso en el Senado de la República. Obra citada. Pág. 24.

4-Rómulo Betancourt. Discurso en el Senado de la República. Obra citada. Pág.60-61.

5-Ramón J. Velásquez. Venezuela Moderna. Medio Siglo de Historia 1926-1976. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 385.