TC: A dos años del naufragio del bote Jhonaily, familiares siguen sin respuestas
Familiares de los desaparecidos del bote Jhonaily José siguen a la espera de acciones por parte del Estado. El bote zarpó hace dos años desde Güiria, estado Sucre, para trasladarse a Trinidad y Tobago, naufragando en el trayecto.
El Jhonaily José zarpó el 23 de abril de 2019 con 38 pasajeros, de los cuales ocho lograron retornar tras el aparente naufragio de la embarcación; entre ellos Francisco Martínez, capitán del bote. Los otros 30, de los cuales 29 son mujeres, permanecen con paradero desconocido, según información de TalCual.
Familiares de los desaparecidos han desestimado las hipótesis y versiones dadas por autoridades de que la embarcación zozobró, y por el contrario, han afirmado que el único naufragio es al que han ido a parar sus denuncias.
Entre los desaparecidos se han identificado Yeukarys Sifontes (18), Anabelle Aguilera (23), Daniamis Medina (36), Yocselys Rojas (20), Unyerlin Vásquez (16), Omarlys Velásquez (16), Luisannys Betancourt (15), Melany Patinez (22), Zulmaris Patinez (34), Ruth Patinez, Inés Araujo, Ender Blanco, Carmen Lares, Deiker Marín (19), Luisa Marín (29), Frank Hernández (22), Estéfani Flores, Sariana López, Francelis Blandín, Amanda Guilarte, Yonder Quijada (25), Anyerlis Benítez, Anderson Cabrera, Hector Torres, Rosmilys Laguado (16), Michelle Sánchez (17), son algunas de las personas que permanecen desaparecidas y que habían abordado el bote Jhonaily José.
A finales del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió Gobierno venezolano brindar información sobre la investigación de las desapariciones de los venezolanos.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.
En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados.
