Desde Ghandi a Mandela, pasando por el Dalai Lama o Madre Teresa de Calcuta, han sido individuos radicales en su contexto histórico, al defender posturas extremas en el entorno político y social en el que surgieron y se desarrollaron. Pese a su radicalismo, existe consenso en afirmar que todos ellos fueron personas de paz.
Se puede afirmar que todo el radicalismo es extremo, pero puede ser pacífico o violento, en función del contexto y de los medios utilizados para conseguir sus fines. Esto es importante a la hora de referirnos a individuos radicales violentos, ya que si nos olvidamos del atributo “violento” englobamos a todos los radicales, desde los pacíficos hasta los violentos, en el mismo término, lo cual deslegitima a los pacíficos y legitima a los violentos.
Existen varias tipologías de radicalización con diferentes atributos de legitimidad. Este es un concepto subjetivo por cuanto abarca un amplio consenso en afirmar que en contextos con Derechos Políticos y Civiles como los que se dan en cualquier sociedad avanzada con un Estado de Derecho, la radicalización violenta no tiene ninguna legitimidad, por cuanto existen cauces políticos, sociales y mediáticos para expresar las ideas, hacerlas públicas, someterlas a votación e influir en el desarrollo político y social deseado.
En un contexto sin Derechos Políticos y Civiles como es el caso de estados dictatoriales, totalitarios, absolutistas o tiránicos como Venezuela, la legitimidad de la radicalización violenta varía. Pues provoca consideraciones bien como una organización terrorista sin ninguna legitimidad, o como un movimiento con total legitimidad, lo que les hace pensar que pueden asumir posturas extremas para adoptar medidas que vulneran los derechos humanos, coartan la libertad de expresión, aceleran la represión, y acentúan su populismo en procura de mantener una imagen positiva en el conglomerado nacional.
En la Unión Europea, este matiz conceptual despojado de Derechos Políticos y Civiles avanzados no pasa de ser sino simplemente una radicalización violenta que carecerá de legitimidad y, por tanto, se le considerará terrorista, como la califican algunos observadores internacionales latinoamericanos al régimen de Nicolás Maduro, tras las demostraciones poco democráticas que en los últimos tiempos ha ejecutado, a la vista de propios y extraños.
Por esta razón, el presidente de Francia Emmanuel Macron manifestó en fecha reciente que “el gobierno de Nicolás Maduro ha instaurado una dictadura en Venezuela, que está luchando por perpetuarse en el poder, a un precio humanitario sin precedentes y radicalizaciones ideológicas preocupantes.” Agregaría luego, “Nuestros ciudadanos no entienden como algunas personas han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela”, en alusión al líder de la izquierda de su país Jean Luc Melenchon, aliado de Maduro.
Estas declaraciones son unas de las más fuertes pronunciadas hasta la presente fecha, por un alto dirigente europeo sobre la situación de Venezuela, hoy día sumida en la más grave crisis política, económica y social jamás ocurrida desde el nacimiento de la República, la cual exige la solidaridad y apoyo humanitario hoy más que nunca, de gobiernos latinoamericanos.
El politólogo Luis Salamanca afirma que más de 20 denominaciones se han utilizado durante los 22 años del chavismo en el poder para ponerle cascabel al gato: «Tiránico, dictatorial, bonapartista, fascista, antidemocrático, iliberal, nazi, autoritario, despótico, neodictatorial, neoautoritario, sultánico, autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, y un sinfín más. Es un boom de calificativos, y casi todos surgieron en el período de Chávez. En el caso de Maduro, como ha ido depurando la técnica autoritaria, se usa más la palabra “dictadura”.
Es hora ya de que constitucionalistas, jueces, magistrados y líderes políticos se propongan con extremada urgencia ponerle fin a las constantes violaciones de la Constitución para que se restablezca el Estado de Derecho, a fin de devolverle al pueblo su participación plena en la vida política y al libre ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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