Nueva arremetida contra la sociedad civil
La semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.
Debo reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el documento. Esperaba mayores reacciones, más numerosas y fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”. Quizás lo debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de 2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.
Concluí mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea pendiente: llevar la discusión a todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero, llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra atención.
Ya he dicho en otras ocasiones que, la de arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una de las estrategias del régimen. Se ha valido para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando, “rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e “interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos, especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.
A principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia, entre otras.
No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las actividades de la organización y varios más.
Desde luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una “providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con relación a la sociedad civil.
No sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos ocurren dos hipótesis. Una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada tiene de providencial, es desechada y su autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente designada por la ANC.
La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es muy aficionado este régimen.
Como quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:
– dar a conocer, difundir, nacional e internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real amenaza;
– aunque la experiencia nos indique que acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad de esa Providencia Administrativa.
– de igual manera, la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva violación de los derechos de los ciudadanos.
Aunque las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha destruido el país.
De todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un buen relato de lo ocurrido.
Politólogo
