Exclusiva ND | Francisco Rodríguez: Un plan integral de atención a la pandemia requiere $8.500 millones

Un plan de vacunación y uno de atención integral que contenga apoyo económico a las familias que se ven obligadas a cumplir el confinamiento costaría 8.500 millones de dólares, de acuerdo al economista Francisco Rodríguez.

El  experto agregó que dichos recursos los tiene el país pero su utilización requiere de un acuerdo político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

En conversación con ND, Rodríguez saludó el acuerdo para traer vacunas a través del sistema Covax pero alertó que ese mecanismo solamente suple el 20% de las vacunas que requiere el país.

Rodríguez reiteró que la economía venezolana está atravesando la contracción más profunda de la historia mundial de países que no han atravesado un conflicto armado, y que esta crisis se ha profundizado por el efecto de las sanciones económicas.

Con respecto a las sugerencias de que la economía venezolana va camino a un modelo chino, Rodríguez ve más similitud con el modelo iraní tras la Revolución Islámica en 1979.

A continuación nuestra entrevista:

P: El PMA firmó con el Gobierno de Maduro un acuerdo para alimentar a 1.5 millones de niños vulnerables para el 2022. Luego el director del programa se reunió con Guaidó. ¿Un paso en la dirección correcta?

R: Sí. Creo que es un paso muy importante. Esta discusión estaba planteada desde hace un tiempo. No se había llegado a nada entre la administración y el Programa Mundial de Alimentos. Sabemos que esas conversaciones siguieron y ahora se concretó. Es una ayuda que Venezuela necesita y es muy positivo además ver a las dos partes, tanto Guaidó como Maduro, apoyando esta iniciativa.

Si bien no es algo que surge directamente de un acuerdo entre Guaidó y Maduro, lo que sí queda claro es que ambas partes apoyan tal iniciativa y es lo que necesitamos como país. Necesitamos conseguir puntos de entendimiento entre las partes del conflicto político que permitan movilizar las iniciativas necesarias para atender los graves problemas de los venezolanos.

Usted ha propuesto un programa más general de intercambio de petróleo por alimentos y medicinas. ¿Qué ha pasado con esa propuesta? ¿Ha tenido contactos con la adm. de Maduro y/o con la de Guaidó?

R: Sí. La propuesta de un acuerdo petrolero humanitario la presentamos a finales del 2019 justamente en la búsqueda de rediseños del régimen de restricciones internacionales con respecto a Venezuela que surgieron por parte del Gobierno de Donald Trump en ese momento, pero además por todos los problemas de la movilización de fondos y recursos generado por el reconocimiento del Gobierno interino de Juan Guaidó y en particular por el hecho de reconocer a un gobierno distinto del que tiene el control de facto del territorio.

Ese tipo de propuestas la hemos venido presentando ante el Gobierno de EEUU, Europa, representantes del Gobierno interino y representantes de Maduro y continuamos presentando estas ideas. Como cualquier idea, esto ha generado discusión. Hay partes que han tenido interrogantes, por ejemplo sobre el diseño de programas. Cómo se puede evitar que haya casos de corrupción como cuando el programa se aplicó en Irak. Nosotros hemos generado un diseño que permite controlar esos problemas. Y hemos continuado esta discusión con todos los actores involucrados.

Hasta principio de este año, la posición de la administración Trump con respecto a Venezuela era la de estrategia de máxima presión, y dentro de ese plan no estaba contemplado un alivio humanitario ni un rediseño de régimen de sanciones para permitirlo porque efectivamente lo que se buscaba. Era muy explícito, por parte de los funcionarios de la administración Trump, lo de incrementar la presión económica sobre Venezuela. Esa máxima presión fue un impedimento muy concreto para que se pudiese adelantar la discusión de propuestas como la nuestra.

Vemos una posición distinta de la administración Biden y hay una visión diferente. No son partidarios de la idea de máxima presión. Han ordenado una revisión del régimen de sanciones, no solo con respecto con Venezuela sino con todos los países que se enfrenten a sanciones estadounidenses.

El otro obstáculo a esta discusión es que en los años 2019 y 2020 estaba la creencia de algunos actores de que la crisis política se iba a solucionar rápido. Que un lado se iba a imponer y el otro iba a salir derrotado. Esto no es inusual en este tipo de conflicto. La realidad es que a veces es necesario que pase el tiempo para que las partes se den cuenta que no están en capacidad de aniquilarse el uno al otro y por lo tanto hay que buscar acuerdos.

Usted ha argumentado que algunas sanciones a Pdvsa han traído consecuencias negativas a los venezolanos de a pie. La escasez de gasolina ha disminuido porque tenemos poca oferta pero también poca demanda. Ahora el problema es el diésel. ¿Cómo evalúa usted la situación energética de Venezuela?

R: Es muy compleja, muy comprometida. Tenemos un sector petrolero cuya capacidad de producción se ha evaporado. En este momento Pdvsa produce menos del 20% de lo que producía hace 7 años. Ahí hay un fenómeno complejo que definitivamente está influido por las sanciones económicas y otros factores como el mal manejo y la mala gerencia de la industria petrolera por parte del Gobierno de Maduro y gobiernos anteriores.

La realidad es que, como la mayoría de fenómenos económicos, hay un tema de multicausalidad. Hay muchas causas que afectan los resultados económicos y en este caso, tanto el mal manejo como las sanciones impuestas por parte de actores externos han afectado el funcionamiento de la industria, la producción de gasolina, de diésel, y la capacidad de importar estos productos derivados.

Tenemos que recordar que la escasez de gasolina se acentúa muy fuertemente a partir de marzo 2020, justamente un mes después que Estados Unidos sanciona a Rosneft, siendo esta la empresa a cargo de la importación de gasolina por Venezuela en 2019. Entonces no es sorprendente que si sancionas al único importador de gasolina de un país, este se quede sin el combustible y por eso se tuvo que acudir a las importaciones iraníes.

Hay una situación fundamental en la que la industria petrolera venezolana, muy golpeada por todos los factores que hemos señalado, se ve obstaculizada de hacer el trabajo básico que necesita hacer para surtir al país de combustible por una series de restricciones dentro de las cuales están otra vez las sanciones, las dificultades de Pdvsa para manejar recursos financieros, el congelamiento de sus cuentas en el exterior, el traspaso de manejo de activo a la junta ad – hoc de Pdvsa que es distinta.

Todo eso se ha convertido en obstáculos muy significativos y es la razón por la que si queremos recuperar la industria y que Venezuela pueda no solo suplir su mercado interno, sino volver a ser un exportador, que pueda generar recursos necesarios para importar insumos básicos para atender los problemas económicos y humanitarios de nuestra nación, se requiere buscar acuerdos políticos entre las partes que permitan que la industria petrolera, con el apoyo de la comunidad internacional, ser capaz de funcionar normalmente.

Maduro pagó o está terminando de pagar, según anunció, los 120 millones de dólares para traer un lote de vacunas vía el mecanismo de la Covax. ¿Cuánto dinero hace falta para vacunar a todo el mundo en Venezuela? ¿Cómo evalúa la política hacia la pandemia que ha llevado adelante el gobierno de Maduro?

R: En octubre de 2020 presentamos a Nicolás Maduro y Juan Guaidó una propuesta para un acuerdo nacional de vacunación que hubiese permitido en ese momento comenzar a movilizar los recursos congelados en el Banco de Inglaterra, de forma de suscribir contratos con la compañías productoras de vacunas que permitiesen que Venezuela tuviese disponibles, en el primer trimestre de este año, el número de vacunas necesario para inocular a su población como hoy lo están haciendo otros países que efectivamente aplicaron programas como este, tal es el caso de Chile.

Lamentablemente, el acuerdo político no se dio. El tema de Covax es solo una parte de este problema. Hay que entender que este mecanismo solo te va a dar acceso al 20% de las vacunas. Por lo menos en el plazo relevante, que es en el próximo año, lo más a lo que podemos acceder al 20% de la dosis necesarias para vacunar a la población. Esto lo que quiere decir es que para el otro 80% tenemos que esperar o hacer lo que hacen otros países, que tratan a Covax como un mecanismo complementario y al mismo tiempo tienen negociaciones directas con las productoras de vacunas para entrar en contrato y provisión directa. Ese ha sido nuestro planteamiento: un plan integral de vacunación que no solo dependa de Covax.

Dependiendo de la vacuna específica que se utiliza, el programa nacional de inoculación podría costar, en términos de costos directos de adquisición de vacunas, entre 200 y 500 millones de dólares.

Esos son recursos que el país puede movilizar pero tenemos que entender que hay impedimentos muy fuertes, no solo en términos de los recursos disponibles, sino también en términos de la capacidad de utilizar el sistema internacional de pagos.

El pago que el Gobierno de Nicolás Maduro hizo a Covax fue uno que el mecanismo aceptó en condiciones muy especiales y que requirieron una modificación del convenio para permitir cancelar en francos suizos y no en dólares estadounidenses porque el Gobierno de Nicolás Maduro no puede hacer transferencias en dólares porque estas pasan por el sistema financiero de EEUU y este está imposibilitado legalmente de aceptar una transferencia de Maduro. Y esto no es un tema de sanciones, sino con el hecho de que como Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Cualquier transferencia de fondos ordenada por Maduro es técnicamente considerada por el banco receptor como lavado de dinero porque Maduro no tiene potestad legal para mover esos fondos, entonces ningún ente bancario estadounidense está en capacidad de tomar esos fondos.

Todo esto quiere decir que este problema fue muy difícil de resolver sin llegar a un acuerdo entre las partes y finalmente el Gobierno de Maduro logró en un acuerdo que Covax se comprometiera a hacer el cambio de francos suizos a dólares. Este es un ejemplo adicional de por qué la situación de vacunación se ha retrasado por falta de un acuerdo positivo de ambas partes.

Lo que tendría lógica es que los dos bandos hubiesen puesto sus diferencias con respecto a este tema desde hace mucho tiempo y que acordaran un plan nacional de vacunación y las medidas necesarias para movilizar los recursos. La negativa a entenderse con el otro lado es, en este momento, uno de los obstáculos que más costo humano tiene en Venezuela en términos de vidas perdidas por venezolanos no vacunados por la negativa de las partes a entenderse.

Con respecto a las políticas que el Gobierno ha llevado adelante con respecto al enfrentamiento de la pandemia, diría que la evaluación es mixta. El Gobierno reconoció que había un problema grave con el coronavirus. Tomó a tiempo medidas de confinamiento, distanciamiento social. Las ha aplicado de forma consistente.

Sin embargo, no han estado en capacidad de financiar el tipo de programa asistencia social, por ejemplo de transferencias directas a las familias que sería necesario llevar adelante para que estas políticas sean más efectivas. Por eso planteamos un programa de transferencia de 100 dólares por familia, las cuales se vean obligadas a retirarse del mercado laboral a efectos de cumplir con el confinamiento, financiado con recursos del instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional como resultado de un acuerdo político. Ese es un planteamiento que hicimos en junio de 2020 y que sigue vigente.

Nosotros acabamos de plantear, en un informe presentado el lunes, un plan integral de movilización de recursos para atender la pandemia, el cual permitiría a través del nombramiento por consenso político de un directorio único del BCV reconocido por ambas partes, tanto la AN electa en 2015 como en 2020, que permitiría a Venezuela tener acceso a sus recursos en el Banco de Inglaterra, a los de financiamiento del FMI, a los derivados de la nueva emisión de derechos especiales de giros que se van a hacer disponibles en agostos que serían 5.100 millones de dólares. Todos estos recursos se pueden utilizar en un plan integral de atención a la pandemia, a la crisis humanitaria y para poder comenzar a recuperar la economía venezolana y darle estabilidad económica a los hogares venezolanos.

¿Usted cree que el plan de 7 + 7 es efectivo? Si las cifras oficiales son correctas, ¿usted cree que se debe vacunar a todo el mundo? ¿No se debería abrir más la economía?

R: Lo que en Venezuela hay que hacer es un plan de vacunación. Un plan de vacunación y uno de atención integral debido a la pandemia que contenga un apoyo económico a las familias que se ven obligadas a cumplir el confinamiento, el cual también incluya recursos para la dotación de hospitales y del sistema de salud pública para que puedan manejar esta situación que en este momento se ha tornado inmanejable.

Por eso es que hemos sugerido este plan integral, el cual costaría 8.500 millones de dólares a lo largo de los años y que puede ser financiado como una fracción de los recursos disponibles para el país mediante un acuerdo político, generado por el nombramiento de un directorio único del Banco Central que sustituya a los directorios de Maduro y Guaidó que en este momento lo que están haciendo es gastar el dinero de los venezolanos en pagar cuentas de abogados para pelearse entre ellos por los recursos del país y que la nación necesita.

Si el país no puede movilizar tales recursos, entonces no queda más que apelar a las políticas de confinamiento para salvar vidas y evitar una emergencia pero a un costo económico bruta. Y entonces el país está obligado a escoger entre al riesgo a contraer el covid y el de dejar de percibir ingresos en el mercado laboral. Y ese es un falso dilema al que estamos enfrentados solo por la falta de acuerdo político.

Nicolás Maduro no ha buscado el acuerdo que necesita con la oposición y la oposición no ha buscado el acuerdo que necesita con el gobierno para atender el problema de los venezolanos. Entonces, en medio de esta situación, donde tenemos que destrancar el acceso a recursos para que Venezuela pueda abordar esta situación como lo hacen otros países, no estamos atacando la raíz del problema la cual es que tenemos una crisis política que no nos deja funcionar como país.

¿Cómo evalúa usted la situación de la economía venezolana en este momento? ¿Usted cree, como dicen algunos, que vamos hacia un modelo chino?

R: La economía venezolana está atravesando la contracción más profunda en la historia latinoamericana. De hecho, una de las más profundas en la historia mundial en un país que no ha atravesado un conflicto armado. Esto tiene que ver con una serie de factores. Esta crisis ha sido profundizada por el efecto de las sanciones económicas y esto ha llevado a una economía que ha sostenido un golpe de muy severo impacto a su capacidad productiva.

Como ocurre en todos los casos en los cuales los países se ven expuestos a grandes contracciones derivadas de la falta de acceso a recursos externos, comienzan a darse respuestas tanto desde el punto de vista política-económica como desde el punto de vista del mismo funcionamiento de los mercados.

Sí, el Gobierno de Maduro ha dado algunos pasos hacia la liberalización. No son pasos completos ni decisivos. Algunos están en la dirección correcta. La eliminación de la distorsión cambiaria es un paso en la dirección correcta. La eliminación de muchos controles rígidos de precio que se estaban intentando aplicar en Venezuela durante los primeros años del Gobierno de Maduro también es un pase en la dirección correcta. Todavía falta mucho por hacer. Hay muchas limitaciones. Por ejemplo, Venezuela está básicamente impedida de recibir financiamiento internacional porque está restringida por sanciones financieras que prohíben los préstamos al Estado venezolano y prohíben la reestructuración de la deuda que es un paso imprescindible para restablecer la relación los mercados financieros y para reinsertar a Venezuela en la economía mundial.

Entonces el modelo económico de Venezuela es muy difícil de comparar con el de China o el de Rusia porque el chino fue de apertura que ocurre en un contexto en el que la comunidad internacional está dispuesta aceptar una entrada de China a los mercados mundiales. Entonces el proceso de crecimiento de China y sus reformas ocurren simultáneamente con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Eso es algo que no está ocurriendo en Venezuela, que es miembro de la OMC pero no ha podido llevar disputas allí porque su estatus es desconocido, incluso por EEUU, y Venezuela se enfrenta a fuertes restricciones a sus comercios internacionales derivada de las sanciones y otras restricciones.

El modelo económico que se da en Venezuela no es tanto como el de China. En cierto sentido se parece mucho más, por supuesto sin el componente religioso, al modelo económico en Irán después de la Revolución Islámica en 1979, que fue cuando se les impusieron las primeras sanciones económicas, que llevan a la construcción de una economía mixta liderada por el Estado pero con un sector privado bastante significativo, y que además se afinca sobre una estrategia de adaptación y contención de los efectos restricciones externas y de las sanciones. Yo creo que si queremos ver un ejemplo de hacia dónde va la economía venezolana, probablemente más que ver a China debemos ver a Irán, que sigue siendo una economía petrolera pero mucho más resiliente a las sanciones.

Cuando la gente se pregunta por qué Irán es capaz de producir gasolina a pesar de estar sancionado y Venezuela no, la respuesta es muy sencilla: tienen 40 años sancionados. Irán, en el momento que se aplican sanciones por primera vez en 1979, experimenta una caída del 80% de su producción petrolera tal cual Venezuela. Pero a lo largo del tiempo se comienza a desarrollar mecanismos de defensa. La economía genera sus mismos anticuerpos contra las acciones externas que intentan limitar su campo de acción y se genera un proceso de resiliencia y acción ante estos impedimentos y restricciones que permiten que la economía comience a recuperar cierto espacio; sin embargo, siguen siendo fuertemente limitadas porque hay otros actores en la economía mundial que están intentando circunscribir su rango de acción.