El País: Conflicto político atasca la vacunación contra el covid-19 en Venezuela
El conflicto político ha retrasado la vacunación masiva contra el covid-19 en Venezuela. En medio de una segunda ola de contagios, todavía no queda claro cuándo comenzará la inmunización, a pesar de lo que expresó ayer la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
En las últimas tres semanas, los casos positivos de coronavirus han pasado de poco más de 700 a casi 1.800 diarios, el mayor número reportado en el país que menos test hace en la región, según ha advertido la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Así atraviesa Venezuela su segunda ola de contagios, de mayor expansión e impacto que la anterior, en un escenario de crisis política, social y económica que complica el panorama y pone difícil el arranque de la vacunación.
La prolongada fricción entre el chavismo y la oposición liderada por Juan Guaidó alcanzó una tregua en junio pasado, cuando se firmó un acuerdo conjunto, auspiciado por la OPS, para la gestión de la pandemia. Con varios traspiés, el acuerdo permitió que con los recursos del Estado en cuentas en el extranjero —que controla Juan Guaidó tras las sanciones impuestas por Estados Unidos— se compraran equipos de protección para el personal médico —han fallecido más de 400 sanitarios en un año— y se ampliara la capacidad de diagnóstico del país. Un total de 137 toneladas de productos médicos han llegado por esta vía, pagados con 10 millones de dólares (8,4 millones de euros) “descongelados” por intermediación del dirigente opositor.
Este año, los mismos actores volvieron a sentarse en una mesa con un solo objetivo: elaborar un plan único para la vacunación masiva y lograr el acceso al mecanismo Covax de la OPS, pese a las deudas que el país acumula desde 2017 con algunos de sus fondos. El organismo multilateral reservó entre 1,4 a 2,4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para Venezuela. Desde la comisión parlamentaria que dirige Guaidó comenzaron los trámites administrativos para el pago de 30 millones de dólares (25,2 millones de euros) para la primera dotación y para hacer las inversiones necesarias para garantizar la cadena de frío en el desmantelado sistema de salud venezolano.
