Contra El Nacional, un acto obsceno, arbitrario y despótico

La arremetida contra El Nacional revive en nuestra memoria a Fidel Castro y sus seguidores destruyendo a martillazos las rotativa de los principales periódicos cubanos. Su entrada al “Diario de La Marina” fue casi como una escena de opereta.

El 12 de mayo de 1960 en La Habana, milicianos armados y agentes de Seguridad del Estado (G2) vestidos de civil entraron en las instalaciones de las oficinas del diario, expulsaron a los empleados y vandalizaron el local. Las impresoras internas recibieron un trato revolucionario.

La Marina representó una filosofía independiente, entre 1902-1959, opuesta a las dictaduras de Gerardo Machado en la década de 1930 y Fulgencio Batista en los años 50. La decisión de sus propietarios y periodistas era mantener la tradición opositora bajo Castro. Orientación que lo convirtió en el único periódico que publicó las cartas denunciando al régimen de Castro escritas por el comandante revolucionario Húber Matos desde la cárcel después de su detención en octubre de 1959 acusado de “traición contrarrevolucionaria». El Diario tuvo una circulación de 28.000 días laborables y 35.000 los domingos, con 36 a 48 páginas, vendiéndose por cinco centavos.

Hoy en Cuba solo queda Granma, un pasquín revolucionario cuyo último titular es explícito: ”Díaz-Canel: Cuba mantiene invariable su política solidaria y de cooperación internacional en beneficio de nuestros pueblos”.

En Venezuela, en medio de la peligrosa agonía del régimen chavista, vivimos un “dejá vu”. El teniente Diosdado Cabello, después de ganar una parodia de juicio, pretende apoderarse de “El Nacional” fundado en 1943 por Miguel Otero Silva. En el procedimiento comandado por Cabello se violaron todos los principios Constitucionales, el debido proceso y el derecho a la defensa.

El método para apoderarse del periódico ha sido diferente a la aplicada por Fidel quien utilizó la violencia explicita para acabar con los periódicos, paralizar y destruir las rotativas, apresar periodistas, incendiar las sedes de los periódico. Esta gente en el 2020 opera con una metodología distinta, pero con el mismo propósito: cercenar la libertad, convertir la libertad de expresión en un capítulo muerto de nuestra historia. No destruyen abiertamente con violencia. Solo ordenan a “sus” tribunales doblegados, que transcriban como sentencia lo que es uno de los objetivos principales del régimen comunista: silenciar, acallar la libertad de las personas, su manera de pensar, saber, interpretar.

Acabar El Nacional es un intento imposible de enmudecer la sociedad. Sabemos y la historia lo demuestra que en la Unión Soviética sólo quedó Pradva y a pesar de contar con el poderosísimo ejército rojo no pudieron acabar con el espíritu humano. El imperio ruso se disolvió y hoy tenemos de pie a Bielorrusia, exigiendo libertad contra viento y marea. En Ucrania han promulgado una ley prohibiendo la existencia del comunismo.

Frente a esta tropelía no sabemos qué sentir, si es odio, frustración, miedo, vergüenza, o quizás una mezcla de todos estos sentimientos. El cabecilla de esta maniobra, Diosdado Cabello después de haber publicado la sentencia, con su acostumbrado cinismo declara que fundará en la sede del periódico expoliado una universidad en honor al fundador del periódico.

En realidad, es imprescindible saber que la sentencia de nuestro peculiar TSJ no constituye una expropiación. Es un acto expoliatorio, un robo obsceno. La expropiación es un hecho jurídico que existe en la Constitución con unas características propias. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala de manera expresa los elementos fundamentales que deben estar presentes para que proceda una expropiación: utilidad pública o interés general; sentencia firme; y pago oportuno y justo de la indemnización. La figura que pudiera cubrir esta tropelia del régimen es la confiscación, entendida como el apoderamiento por parte del Estado de bienes que pertenecen a los particulares en forma coactiva y sin derecho a indemnización. En principio la confiscación está prohibida por la Constitución como una garantía del derecho de propiedad.
Los procesos expropiatorios están regulados por la “Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública” o Interés Social (LECUP) la cual formula el conjunto de normas y requisitos que proceden para decretar un acto expropiatorio.

La LECUP define utilidad pública en su artículo 3. : “Se considerarán como obras de utilidad pública, las que tengan por objeto directo proporcionar a la República General, a uno o más Estados o Territorios, a uno o más Municipios, cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta de la República, de los Estados, del Distrito Capital, de los Municipios, Institutos Autónomos, particulares o empresas debidamente autorizadas”.

Esta legislación es base para declarar que la toma de “El Nacional” por el teniente Cabello, decretada por el TSJ, no es un acto expropiatorio. Es un asalto, un robo a una propiedad que contrariamente constituye una perdida de uno de los bienes culturales más apreciado por la ciudadanía como es el diario “El Nacional que ha constituido una fuente de información privilegiada para los venezolanos durante más de 77 años.

Importante aclarar que la violencia ejercida por el teniente Cabello propiciada y secundada por el irrito TSJ constituye una asalto a la democracia, concebida como un proyecto cultural fundada en la responsabilidad, el respeto, el esfuerzo y la confianza.

Todos estos valores son negados por esta medida expoliatoria, se les roba a los ciudadanos una de sus fuentes de información más responsable, respetuosa de sus lectores, producida por el esfuerzo de sus propietarios y trabajadores. Apreciada y utilizada por los venezolanos durante toda su existencia por su calidad y honestidad como un gran valor, un inapreciable bien cultural en el cual hemos depositado nuestra confianza.

No debemos aceptar, resignarnos, tomarlo como una arbitrariedad más del régimen. Es necesario que manifestemos nuestra inconformidad y profundo rechazo frente a esta nueva bofetada del régimen al ciudadano. Es acertado calificar el robo de El Nacional como un acto obsceno por ser basado en mentiras; arbitrario, contrario al espíritu de la ley y despótico por constituir una expresión clara de la usurpación del poder. Defender El Nacional es defender nuestros derechos ciudadanos.