AFP: Población LGBTI quiere dejar de ser invisible en Venezuela
Migdely se fue de Venezuela con su bebé luego que muriera su esposa, aterrada por la posibilidad de perder la custodia de su hijo sin estar amparada por leyes que reconozcan las familias homoparentales o el matrimonio igualitario.
Migdely Miranda y Giniveth Soto se casaron en 2013 en Argentina y tuvieron un hijo por reproducción asistida. Un tiempo después volvieron a Venezuela, donde Ginyveth fue asesinada a finales del 2014.
«No pude decidir ni siquiera cuál era mi voluntad sobre el cuerpo de mi esposa, si yo quería que fuera cremada o enterrada… no tuve ni siquiera acceso a poder verla en la morgue… era como si yo fuese una completa desconocida», recuerda Migdely a AFP desde Buenos Aires, país a donde migró en 2015 con su niño, quien ahora tiene 6 años, en medio de una pugna judicial con los padres de Ginyveth, quienes jamás aceptaron su unión.
«Había muchas amenazas… había una denuncia en puertas, un procedimiento que se llama inquisición de la maternidad, con la que los padres de mi esposa estaban solicitando quedarse con mi hijo», relata la mujer de 37 años.
Venezuela se sitúa atrás en la fila de Latinoamérica con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Por tal motivo, organizaciones LGBTI presionan a la AN electa el 6D para que discutan una ley de matrimonio igualitario. No obstante, solo consiguen resistencia en una Venezuela muy conservadora.
«No se trata de un fetiche, sino la puerta a derechos sistemáticamente negados», comenta Haischel Escorche, una activista de 44 años en el apartamento que comparte en Caracas con su pareja, María Palacios.
Haischel subraya que el debate va más allá de lo patrimonial: Debe incluir «la adopción, la familia, el decidir qué hacer con el cuerpo de tu pareja si muere o decidir un tratamiento (médico)».
Sin embargo, la Asamblea Nacional sigue sin legislar.
«Se nos está discriminando a través de la vía de la omisión. ‘Ni negamos, ni condenamos, pero tampoco afirmamos los derechos de la población LGBTI'», denuncia la abogada transexual Richelle Briceño, quien pide «voluntad política». Heischel relata que ha llegado a sentirse «invisible».
