Acceso a la Justicia: Ha pasado un año y Maduro no ha respondido a la ONU por qué Afiuni estuvo presa sin ser culpable
El 25 de enero de 2020, relatores de la ONU le enviaron una carta a Maduro en la cual pedían explicación sobre porque la suspendida jueza María Lourdes Afiuni fue declarada culpable de «corrupción propia» si en el juicio «no se habría acreditado el elemento del tipo relativo al beneficio obtenido». O sea, si no se demostró que era culpable.
Acceso a la Justicia detalló que en esa fecha del año pasado, Diego García-Sayán, relator sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU; Tlaleng Mofokeng, relatora sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Mary Lawlor, relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos, le enviaron una carta al Estado venezolano para saber cómo el 21 de marzo de 2019 el juez Manuel Antonio Bognanno condenó a Afiuni si el MP no probó, a lo largo del juicio, que ella había recibido dinero o beneficio alguno por dejar en libertad condicional en 2009 al banquero Eligio Cedeño, una decisión que la jueza adoptó acatando una instrucción del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. El delito de corrupción requiere, de acuerdo a la Ley contra la Corrupción, que haya algún beneficio para el supuesto corrompido.
Asimismo, precisaron conocer si Afiuni fue destituida de su cargo por el TSJ cumpliendo con el debido proceso y qué medidas ha adoptado el Gobierno de Maduro para «garantizar su integridad física y mental», en virtud de los problemas de salud que padece. Cuando estuvo presa en la cárcel de mujeres de Los Teques, Afiuni denunció haber sido violada por lo que su salud se «habría resentido».
Los representantes de las Naciones Unidas les dieron a las autoridades 79 días para responder a sus preguntas. «Sin embargo, más de un año después lo único que han obtenido ha sido un escandaloso silencio, algo que no es novedoso», suscribe Acceso a la Justicia.
Provea ha denunciado que la falta de cooperación con los organismos internacionales se ha vuelto estructural y expuso: «Desde 2011 el Gobierno ha recibido 86 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que mucho más de la mitad han quedado sin respuesta. Esta falta de cooperación se ha agudizado desde febrero de 2019 pues la Cancillería ha recibido un total de 17 comunicaciones y solamente ha respondido a dos de ellas».
