Venezuela y la impunidad de sus policías

La ONG Observatorio de Violencia de Venezuela establece en su informe anual que en 2020 más de 4.000 homicidios de los más de 11 mil producidos en el país fueron producidos por la policía venezolana. La cual incluye a la Guardia Nacional según informe avalado por la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet y otras ONG.

Lamentablemente no quedan en Venezuela instituciones independientes en pie que puedan ejercer un freno ante el poder asesino del ejecutivo. Hay que recordar tanto durante el gobierno de Nicolás Maduro como anteriormente en el de Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces sin la más mínima pretensión de independencia.

El gobierno de Maduro ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar cuestión que es anti constitucional. Maduro se las ha ingeniado para comprar a organizaciones de DDHH en América Latina, especialmente las que actúan en sus países amigo como Argentina. También despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora llamando a unas elecciones fraudulentas para elegir a una nueva Asamblea legislativa de la cual el 100% de sus diputados son, obviamente, maduristas.

Afortunadamente en septiembre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que crea el primer mecanismo internacional de investigación independiente de las atrocidades cometidas en Venezuela, además de los asesinatos, cuyos asesinos no han tenido ningún castigo como informan algunas entidades llamadas de DDHH.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, así como la inexistente atención médica por falta de insumos hospitalarios, y a que muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. Existe un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez constituye la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina llegando en la actualidad a unos 6 millones, de los cuales unos 400 mil están en Chile y siguen llegando por cientos a las fronteras del norte de ese país.

La brutalidad policial, las precarias condiciones de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de funcionarios gubernamentales son una de las preocupaciones más grande de los venezolanos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales extranjeras, lo cual, obviamente, no es aceptado por Maduro y sus adláteres habiendo hace pocos días expulsado del país a la embajadora de la Unión Europea.

Sólo en los primeros seis meses de 2020, los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres entre 18 y 30 años de edad», informó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el cual realizó el estudio junto al Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla, explicando que estos asesinatos «son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad del sistema de administración de justicia».

«Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública», dice el informe, cuestión que desmiente a las ONG de DDHH que dicen que los asesinos policiales han sido juzgados. Esto no es extraño pues algunas de estas organizaciones se han reunido con el general Embajador de Venezuela en Chile, alrededor de un opíparo almuerzo en uno de los restaurantes más caros de Santiago de Chile en donde se acordó que el gobierno de Maduro les asignaría una importante cantidad de dinero por sus informes favorables.

Provea y el Centro Gumilla denunciaron que en la gran mayoría de casos la versión oficial apunta a un supuesto enfrentamiento entre las víctimas y los cuerpos de seguridad. «En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas», remarcaron.

La Organización de Naciones Unidas, con Michelle Bachelet a la cabeza, pidió disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) al considerar que son responsables de 25,8% de las ejecuciones extrajudiciales con 417 asesinatos cometidos. Del resto de asesinatos, 400 son responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 399 de las policías regionales y 57 por los cuerpos de seguridad municipales.

De acuerdo a esto, Venezuela sufre tres pandemias a la vez: el coronavirus, la violencia civil o de los llamados “malandros” y la violencia policial, que es la más agresiva de todas porque en el país donde todo es posible las fuerzas gubernamentales matan más que los delincuentes y que el covid-19. Esto fue confirmado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que ha cifrado en 4.231 durante 2020 las muertes violentas provocadas por «resistencia a la autoridad», denominación oficialista que esconde las ejecuciones extrajudiciales encabezadas por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), a quienes la ONU definió como los «batallones de exterminio» del chavismo-madurismo, y sus seguidores y socios entre ellos Argelia, Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, China, Argentina, y otros.

«Queremos destacar la epidemia de la violencia policial, cuyo aumento es sostenido desde 2016. En la mitad de las entidades federales del país, la letalidad policial fue mayor que la delincuencial», dijo Roberto Briceño León, director del OVV quien ha sido amenazado en diversas oportunidades precisamente por las Faes que nacieron en 2016 por orden de Nicolás Maduro.
Pese a la existencia de las temidas FAES, todos los cuerpos policiales y los militares que se dedican a la seguridad nacional han participado en las ejecuciones extrajudiciales, «incluso una brigada canina», manifestó León Briceño. «Las muertes por resistencia a la autoridad representan cuatro veces más que las muertes del coronavirus en 2020», dijo Briceño. De las 11.891 muertes violentas durante el año de la pandemia, 4.153 fueron catalogadas como homicidios, 3.507 fallecidos en grado de averiguación y los 4.231 a manos de agentes gubernamentales.

Desde 2016 son 27.856 venezolanos los muertos por las fuerzas gubernamentales, cuantificó Briceño, lo cual es negado por las ONG de DDHH financiadas por la dictadura.

Pero, Venezuela sigue encabezando el ranking regional de la violencia gracias a las ejecuciones. Colombia, pese al aumento de las masacres, cerró 2020 con una tasa de 23,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que supone una disminución importante. En México, en cambio, aumentaron los homicidios hasta alcanzar 30 por cada 100.000 habitantes y en Brasil llegaron hasta 23,5 por cada 100.000 habitantes: esto demuestra que las ejecuciones extra legales en Venezuela son un gran problema para los derechos humanos en la región.

Las nuevas circunstancias sociales en Venezuela han servido para que los asesinos vivan una verdadera “luna de miel” con el gobierno marcadas por la pandemia y la emigración masiva forzados a marchar al exterior para sobrevivir. Otro factor clave es la destrucción de la economía, «que ha cambiado las oportunidades del crimen y cambiado el panorama de la violencia».

Los grandes grupos de delincuencia organizada ha sido beneficiados, «encontraron nuevos nichos de extorsión» con las cajas de comida subvencionada por el Gobierno, el contrabando de importación o el hostigamiento contra locales, clínicas y empresas. Es más, incluso algunos sindicatos controlados por el gobierno extorsionan a muchos trabajadores para no hacerles perder sus empleos. Es así como se impuso un nuevo modus operandi para la extorsión, con el lanzamiento de granadas contra quienes no pagaban. El OVV ha contabilizado entre tres y cuatro explosiones semanales.

«Los extorsionadores, secuestradores y ladrones de viviendas cobran en dólares, pero también los policías y militares corruptos en los peajes del país», manifestó Briceño, quien no dudó en destacar la letalidad policial, «el exterminio», junto a la emigración, a la hora de calcular el menor número de delincuentes que operan en el país.

Briceño tiene pruebas de que «Todo ello implica también una entrega de la soberanía nacional, a través de los pactos con militares en zonas como el Arco Minero y en las fronteras. Se trata de mecanismos de cohabitación entre grupos armados y fuerzas del Estado, que a la vez también implica una reducción de los crímenes al imponer su ley”.

PhD – Docente – Chile

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