Exclusiva ND: Ley de Aguas de la AN/6D creará «cultura de pago», porque servicios son «prácticamente regalados»

La comisión de Administración y Servicios de la AN/6D tiene «casi lista» para su discusión y aprobación la nueva Ley de Aguas, aseveró el diputado por el estado Lara y militante del Psuv, Willian Gil. Adelantó que este nuevo instrumento jurídico busca «fomentar la cultura de pago porque los servicios básicos son prácticamente regalados».

El siguiente reporte es parte de una serie de ND sobre el paquete de leyes que piensa aprobar el chavismo este año en la AN/6D.

En entrevista exclusiva concedida a ND, Gil, explicó que este proyecto de ley nace ante la necesidad de que los venezolanos comprendan el «cuido y uso» del vital líquido. Pese a que el servicio de agua potable constante es solo un sueño para los venezolanos.

Este 23 de febrero, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, presentó los resultados de una encuesta realizada en comunidades venezolanas y reveló que 25% de 8.375 hogares no tiene acceso estable al agua potable; y 4 de cada 10 hogares sufren constantes fallas en el servicio de luz y agua. La ONG Monitor Ciudad, informó que entre marzo de 2.020 y marzo de 2.021, los habitantes del Área Metropolitana de Caracas recibieron -en promedio- menos de 50 horas de agua a la semana.

En medio de la pandemia mundial por coronavirus, empleados del sector salud han realizado decenas de protestas para denunciar que el suministro de agua en los centros hospitalarios «es irregular» y al suspenderse el servicio se cierran los baños. «Sin agua no se puede prevenir el covid-19, ni podemos cuidar nuestra higiene personal», fustigó Prepara Familia en Twitter.

-¿Qué establece esta nueva ley para mejorar el servicio de agua potable, cuando Monitor Ciudad registró que los caraqueños reciben menos de 50 horas semanales?

– Esta nueva ley busca hacer una regulación única en materia de agua. Planteamos una ley orgánica que unifique la ley de prestación de servicio de 2.007 y la ley de aguas también del año 2.007. Esta nueva ley estará enfocada en el tema del servicio de agua potable y en mejorar la prestación del servicio.

– También planteamos que debe crearse una cultura de pago, porque sabemos que los servicios públicos son prácticamente regalados. Buscamos incentivar la cultura del ahorro, del rehúso y transferir algunas competencias del ministerio a las mesas técnicas, el ministerio de Aguas debe apoyarse en las mesas técnicas para resolver de manera más eficiente las necesidades de las comunidades.

Caracas tiene al agua más cara del mundo: contratar camiones de agua cuesta unos 70 dólares y los botellones de agua de 3 a 5 dólares. Al ser consultado sobre si la ley establece algún tipo de regulación a estos negocios, Gil, respondió que también la AN/6D está trabajando para crear un nuevo Código Penal donde estarán establecidas «todas las sanciones para este tipo de empresas y también a quien incurra en el mal uso de los acuíferos y explotación del vital líquido que no esté autorizada por el ministerio de Aguas. Ambas leyes estarán encaminadas a supervisar las denuncias de privados que hacen uso indiscriminado del servicio con las cisternas».

Asimismo, Gil no escatimó en resaltar que las sanciones han sido las causantes de que los hospitales del país no cuenten de forma regular con el servicio de agua potable y enfatizó «los servicios públicos han sufrido un deterioro por el bloqueo criminal de EEUU contra Venezuela y el caso del agua no es nada diferente porque la mayoría de la tecnología usada para el funcionamiento de este servicio -70% de la tecnología- es de fabricación alemana y de fabricación norteamericana».

«El bloqueo contra el país afecta que no se puedan reparar las bombas, tableros eléctricos y otros equipos. Sin embargo, el ministerio de Energía Eléctrica está haciendo reingeniería para poder reparar los equipos dentro de Venezuela, así como adquirir equipos en otros países para poder garantizar el funcionamiento de estos sistemas», aseveró.

Rehúso y «soberanía del agua»

El diputado integrante de la AN de mayoría oficialista, agregó que hay un capítulo referido al «gobierno popular del agua que va a regir en los consejos comunales, para el mantenimiento de todo el sistema de agua».

“Vamos a capacitar a los llamados llaveros, maniobreros, que son las personas que se encargan de abrir y cerrar las llaves. También se potenciarán las mesas técnicas de aguas, que van a tener el control real sobre todas las maniobras que se ejecuten sobre el sistema de agua de la nación”.

Además, subrayó que la ley establece que cualquier proyecto de construcción de viviendas o edificaciones por parte de la empresa privada y el Estado, debe tener obligatoriamente los planos de las tres aguas: servidas o negras, las claras y las grises que son las reutilizadas, pero no para el consumo humano.

La ley también establece un capítulo sobre la soberanía del agua. «El uso de las aguas transfronterizas, porque, por ejemplo, Venezuela comparte ríos con Colombia y Brasil, por lo que la normativa establece un uso responsable, mancomunado para el aprovechamiento consciente de las aguas».

Cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, señalan que solo entre marzo y diciembre de 2.020, Venezuela registró 7.789 protestas callejeras, pese al estado de alarma decretado por la pandemia. La demanda de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) continúa siendo el principal motivo de protestas: servicios básicos, combustible, reivindicaciones laborales, condiciones en salud y alimentación.

En el mes de febrero, usuarios de Cantv denunciaron un «aumento injusto» de las tarifas de los servicios de internet y telefonía fija. El costo del servicio de internet varía entre Bs 635.887,50 para el plan de 1,0 MB (0,35 dólares) y Bs 23.083.551,21 para el plan 22 MB (13 dólares).

La agencia EFE reseñó que según el sindicato de Cantv, las averías de telefonía e Internet “superan el millón y medio a nivel nacional”, y esto, sostiene, es consecuencia de la falta de inversión en la empresa.

El secretario general del sindicato, Joan Chávez, dijo a la agencia que 80% de la flota de vehículos y herramientas de los técnicos están convertidas en “chatarra”. Además, agregó que falta personal capacitado y la alta gerencia solo le da prioridad al “ámbito político partidista”, pues ocurren despidos y jubilaciones forzadas en caso de no ser simpatizante de Nicolás Maduro.