El desmantelamiento de los convenios colectivos en Venezuela en el siglo XXI

A propósito de la imposición reciente del Convenio Colectivo Petrolero (CCP) reafirmamos que existe un política de Estado para desmembrar o mutilar los convenios colectivos. Es la la brutal ofensiva del “presidente obrero” contra las reivindicaciones esenciales logradas históricamente con la sangre, sudor y lágrimas de los trabajadores.

Desde 1936, con la huelga petrolera de diciembre, se dieron cambios profundos en la historia de nuestro país. No solo abrió la escena para los sindicatos; también marcó la milla en la lucha por la democracia como sentenciara Mariano Picón Salas al señalar que Venezuela entraba oficialmente ese año al siglo XX.

Un poco más tarde, Fedepetrol y sus sindicatos convocaron a una huelga contra la dictadura de Pérez Jiménez en 1950, quien suspendió a AD, al PCV y a la CTV, pero no se atrevió a violentar el segundo convenio colectivo petrolero vigente para diciembre 1947. Contenido que sirvió de base para la firma del III convenio firmado en 1960.

Con el restablecimiento de la democracia los trabajadores venezolanos disfrutaron hasta el año 2000 de cuatro décadas de convenciones colectivas consecutivas que garantizaron y mejoraron las siguientes áreas: Salario, Tabulador, Vacaciones, Comisariato, Viviendas, Educación, Atención integral de la Salud, Seguridad Industrial, Régimen de campamentos, Sobretiempo, Retroactividad de las Prestaciones Sociales, Jubilación, Seguridad Industrial, Meritocracia, Cláusula sindical de empleo en contratistas y el Fuero Sindical, entre otras.

Luego de las jornadas de abril 2002 y el paro cívico nacional de 2002-2003, cuando los trabajadores petroleros fueron la vanguardia de la protesta contra el régimen autoritario de Hugo Chávez, fueron blanco de la ira gubernamental con el despido de 22.000 trabajadores de todas las nóminas: obrera, administrativa, supervisora, gerencial y corporativa. Así también, la derrota de la protesta tuvo otras víctimas y consecuencias, el control absoluto de las federaciones y sindicatos y petroleros por parte del oficialismo, y el ataque frontal contra la joya de la corona: El convenio colectivo petrolero, el más avanzado de los trabajadores venezolanos.

Comenzó la ofensiva de desmantelamiento del CCP con el control del empleo en el sector de contratistas, al arrebatarle desde 2005 a trabajadores, desempleados y sindicatos, la administración del ingreso al trabajo, sustituyéndolo por el Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM) controlado directamente por la Gerencia de Pdvsa, usado como botín de guerra para otorgar empleo sólo a adeptos al oficialismo. En ese contexto se impulsaron falsas cooperativas de trabajo que excluyeron a decenas de miles de trabajadores de la protección del CCP en todo el territorio nacional.

La siguiente presa fue el Comisariato, casa de abastos implantada desde 1946 que garantizaba generosamente la alimentación para la familia del trabajador. Mediante un referéndum fraudulento, en 2005 fue sustituido por la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) convertida en una caricatura por su nulo poder adquisitivo, al extremo de hoy complementarla con exiguas bolsas de comidas Clap.

El siguiente paso fue unificar forzosamente a las federaciones petroleras en una sola, la actual FUTPV, mediante elección amañada en 2009 con la injerencia descarada de Pdvsa para garantizarse el control de los sindicatos de base y bloquear las protestas laborales que cada día se expanden por la precarización laboral en el sector petrolero. Ya lo decía en esa época el entonces ministro presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, “no discutiré el contrato colectivo con “enemigos” de la revolución sino con aquellos sindicatos que se plieguen a los nuevos valores revolucionarios”.

Las consecuencias fueron nefastas. Una a una fueron degradándose las conquistas citadas: Las viviendas de los campos petroleros hoy bien sea, de la Costa Oriental del Lago, en Punto Fijo, en el Oriente del país son la viva imagen de lo que el viento se llevó. No se cumplieron los planes de vivienda prometidos, los jubilados penan por el robo del Fondo de Pensiones tasado en 3.500 millones de dólares, sobreviviendo con pensiones de 1.200.000 bs, mensuales, la meritocracia fue eliminada por significar un concepto burgués, las escuelas de educación para los hijos son centros de misiones gubernamentales, los centros de salud se caracterizan por la ruina acelerada para muestra el Hospital Coromoto de Maracaibo, muriendo de mengua el trabajador que padezca cualquier dolencia o enfermedad industrial. Finalmente, el resto de cláusulas remunerativas están conectadas con el salario, que, al no poseer poder adquisitivo, sus efectos son limosnas en medio de la pobreza generalizada nacionalmente.

Por más de seis décadas se mantuvo la contratación colectiva petrolera, superando incluso las épocas más difíciles de ingresos petroleros y de gobiernos autoritarios. La Ley mediante la cual se creó Petróleos de Venezuela consagró los derechos del trabajador petrolero y garantizó su estabilidad. Sin embargo, en los actuales tiempos de revolución, las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora de mantener la calidad de vida y las condiciones laborales mínimas, pueden interpretarse como vicios del capitalismo y traición a la patria.

Por tanto, presentar el último remedo de CCP como un gran logro es un intento fallido de maquillar lo irremediable: La ruina integral del trabajador petrolero que se acrecentará con la hiperinflación que somete al país y que lo ha conllevado hoy a niveles de indigencia.

Movimiento Laborista